El instructor cree que el líder de Podemos debe ser investigado por quedarse con la tarjeta del teléfono móvil de su asesora Dina Bousselham y denunciar los hechos como si se tratara de un robo.

Esta decisión la toma después de escuchar al exabogado del partido José Manuel Calvente, quien sostuvo que desde la cúpula de la formación se quiso culpar a las 'cloacas del Estado' de la filtración del contenido de la tarjeta cuando ya sospechaban que la filtración pudo ser interna entre miembros de Podemos.

El juez considera que también deben ser investigados la actual vicepresidenta tercera del Congreso y exjefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo; la exasesora a la que supuestamente se le robó el móvil, Dina Busselham; su marido, Ricardo Sa Ferreira, y los abogados de la formación Marta Flor y Raúl Carballedo, que les acompañó a presentar la denuncia.

Remite exposición razonada al Tribunal Supremo al tratarse de un aforado. Ahora, el Supremo deberá designar a un instructor y decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación penal contra el líder de Podemos.

Fuentes de la formación morada señalan que no dan crédito a lo que está sucediendo: "Hace unos días la Audiencia Nacional reclama a García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.

El magistrado considera que Iglesias usó la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el excomisario Villarejo al que se le encontraron archivos que contenían datos extraídos supuestamente del teléfono de Busselham, que había denunciado su robo.

PERJUDICADO

El pasado 16 de septiembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó los recursos de apelación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de Dina Boulsselham contra el auto del juez de instrucción Manuel García Castellón quien le retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos en la pieza que investiga la sustracción del teléfono móvil de su exasesora.

La Sala entendió que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en la causa que se inició como una pieza del conocido como 'caso Villarejo'.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera recordaban que el objeto que dio lugar a esta pieza fue una presunta organización criminal a través de la cual los investigados supuestamente comercializaban, aprovechando la condición policial de excomisiario, servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones sin autorización judicial.

La Sala añade que en el registro de la vivienda del comisario jubilado, entre el material incautado, se encontró un dispositivo informático de almacenamiento que contenía archivos con documentos procedentes del móvil de Bousselham.

Explica también que entre algunos de esos documentos archivados en el móvil y cuya sustracción fue denunciada por la exasesora, se encontraban capturas de pantalla relativas a conversaciones por servicios de mensajería en las que había intervenido Iglesias, que fueron publicados por 'Okdiario' y otros diarios digitales con posterioridad a la fecha en la que la denunciante fijaba el robo.

Después del bofetón que supuso la decisión de la Sala, el juez García Castellón decide remitir al Tribunal Supremo la causa bajo el convencimiento de que Iglesias pudo haber incurrido en actuaciones irregulares.

El pasado 25 de mayo el juez del 'caso Villarejo' retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la investigación abierta por el robo del teléfono móvil a una antigua asesora suya. El magistrado tomó esta decisión tras recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y después de que Bousselham admitiera que ella misma había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram que acabaron publicados en medios de comunicación, como 'Okdiario'. Algo que hasta ese momento había negado.

En su auto, el juez decía que tras esta revelación “no resulta posible vincular las publicaciones aparecidas en 'Okdiario' exclusivamente a la intervención de Villarejo”. Y continuaba: “Aunque no puede descartarse, las posibles fuentes del medio digital se amplían considerablemente". prosigue el magistrado, reamachando que “las imágenes pudo haberlas recabado de cualquiera que hubiera estado en posesión de la tarjeta -o de su copia-, o de quien las hubiese recibido de la propia Dina”.

“Ello incluiría, no sólo a las personas a quienes esta última hubiese enviado voluntariamente estas capturas de pantalla, sino también al propio Pablo Iglesias, quien mantuvo la tarjeta en su poder por un tiempo que no ha podido ser concretado”, destacaba también el juez, que centraba sus esfuerzos en trazar el recorrido que hizo una de las tarjetas incorporada al sumario y que contenía una copia de la información sustraída a la ayudante del líder de Podemos.

Ese dispositivo, que está dañado, se lo entregó al magistrado la propia Bousselham, quien afirmó que se lo había dado Iglesias tras recibirlo de manos de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista 'Interviú'. Esto es lo que hacía sospechar al magistrado y lo que motivo la retirada a Iglesias de la condición de perjudicado.