Según explicó a Servimedia la responsable de Política Interior de AI España, Virginia Álvarez, este centro fue diseñado inicialmente para 780 personas y “de ninguna manera cumple las exigencias sanitarias sobre distancia social y otras medidas para prevenir la expansión del coronavirus”. Por ello, pidió al Ministerio de Sanidad que “tome cartas en el asunto, ante la inacción de sus colegas de Interior y Migraciones”.

“Nos hemos dirigido al departamento de Salvador Illa para pedirle que actúe de inmediato”, explicó, “porque esto ya es una cuestión de salud pública. El centro no cumple las condiciones mínimas para evitar nuevos contagios.

Denunció que el Gobierno lleva cuatro meses sin realizar ningún traslado. Según Álvarez, en el CETI conviven “personas muy vulnerables, víctimas de violencia de género y de trata, niños, personas LGTBI y unos 250 solicitantes de asilo, que además deberían ya haber sido trasladados a la península de acuerdo con la legislación española”.

Añadió que ya hay 23 sentencias de distintos tribunales que reconocen el derecho de los solicitantes de asilo a moverse libremente por el territorio español. “El Ministerio del Interior está incumpliendo estas sentencias”, declaró, y agregó que “la Secretaría de Estado de Migraciones, que es la responsable del sistema de acogida para los solicitantes de asilo, tampoco hace nada para resolverlo. Se culpan mutuamente de la inacción", lamentó.

Por su parte, “Sanidad se ha limitado a indicarnos que trabaja con Migraciones en la elaboración de nuevos protocolos sanitarios para el CETI”, afirmó Álvarez. A su juicio, “esto resulta de todo punto inviable porque el espacio es el que es y sin habilitar nuevas instalaciones ni trasladar a nadie, la distancia de seguridad resulta imposible. Las condiciones ya eran pésimas antes de la pandemia, con personas durmiendo en carpas a merced de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Ahora es simplemente insostenible”.