La iniciativa, presentada por ERC, fue rechazada por 9 votos a favor, 19 votos en contra y 9 abstenciones, en una votación que reflejó las distintas posturas mantenidas por las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno de coalición, ya que el PSOE se opuso a la PNL, mientras que Unidas Podemos la apoyó.

Esta proposición no de ley llega después de que el pasado 10 de septiembre el Pleno del Congreso derogase el real decreto ley que buscaba una solución para permitir a los ayuntamientos la utilización del remanente, y que supuso la primera derrota del Gobierno integrado por PSOE y Unidas Podemos en una votación parlamentaria.

En aquel debate, las dos formaciones de la coalición se quedaron solas en la votación, ya que el resto de partidos presentes en la Cámara Baja se mostraron contrarias a la solución ideada por Hacienda, consistente en un préstamo por parte de los Ayuntamientos al Estado para que, posteriormente, este les realizara una transferencia directa durante los próximos ejercicios. En lugar de esta solución, varias de las formaciones de la oposición reclamaron la reforma de la Ley de Estabilidad y de la Constitución Española con el objetivo de eliminar la prohibición existente para que las corporaciones locales puedan incurrir en déficit.

Por otro lado, cabe recordar que la reforma de la Ley de Estabilidad es una promesa que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado en diversas ocasiones desde que en 2014 accedió a la Secretaría General del PSOE.

Por su parte, el PP, principal defensor actualmente de la Ley de Estabilidad, conocida también como 'Ley Montoro' por ser impulsada por el ministro de Hacienda de los gobiernos de Mariano Rajoy, se abstuvo en la votación de este martes.

La proposición no de ley rechazada hoy también instaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “eliminar la aplicación de la regla de gasto para los ayuntamientos, así como a eliminar la obligatoriedad de destinar superávit a reducir deuda”.

En un tercer punto, también reclama la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales “para que los ayuntamientos puedan hacer uso de su capacidad de endeudamiento para financiar déficits corrientes en situaciones de desequilibrio, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites de endeudamiento vigentes”. Por último, también insta a “garantizar la participación de los ayuntamientos en los fondos europeos de reconstrucción en la misma proporción que su peso en el conjunto de gasto público”.