Las enmiendas, que han sido remitidas a los distintos grupos parlamentarios, buscan reforzar las garantías de apoyo a la toma de decisiones previstas en el proyecto de ley que reformará el Código Civil.

Su objetivo, explicaron en un comunicado, es asegurar que las personas con discapacidad dispongan de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones a fin de evitar "influencias indebidas en ese proceso, tal y como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Por ello, proponen recoger de manera explícita los ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales en los que participen personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de documentos a lectura fácil y el apoyo profesional para facilitar su participación.

Las entidades agradecieron el papel fundamental que ha ejercido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en el impulso a esta reforma.

En ella, se insta a dar relevancia al “importante papel que ejercen las organizaciones sociales que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con las que se debe contar para la correcta aplicación de esta reforma”.

En esta misma línea, las enmiendas sugieren añadir el requerimiento de informes de los servicios sociales públicos competentes y de las organizaciones sociales relacionadas con la persona, a fin de que la autoridad judicial cuente con toda la información posible para establecer las medidas de apoyo que mejor se adapten a sus necesidades.

En relación con las garantías, ambas organizaciones solicitaron que se incluya una periodicidad mínima de un año para presentar el informe sobre la situación personal o patrimonial de la persona apoyada, en línea con las salvaguardas establecidas en la Convención de la ONU.

Por último, sus propuestas incidieron en la importancia de mantener a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en el centro de las decisiones sobre las medidas de apoyo que se consideren adecuadas en su caso y su participación real en el proceso judicial. En puntos concretos del articulado, proponen resaltar que "estas medidas pueden derivar de una resolución judicial o de lo que decida la propia persona".

Según Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, “esta reforma representa un avance significativo en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, gracias a la eliminación de la modificación total de la capacidad jurídica y la garantía de un modelo de provisión de apoyos. "Esperamos que se dote de los mecanismos y herramientas que garanticen dicho modelo, así como de una sensibilización y formación adecuadas a los profesionales del Poder Judicial y de la abogacía en el espíritu de la Convención de Naciones Unidas y de esta reforma", concluyó.