La iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, señala que el Gobierno estableció en 2018 un marco regulador para estas empresas que no se ha podido llevar a efecto en toda su dimensión por las diferentes sentencias que han suavizado en unos casos o dejado sin alcance en otros el régimen sancionador.

Por eso, la formación morada cree que es necesario reformar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y determinar un régimen sancionador que no pueda ser cuestionado por efectos de legalidad y que a su vez homologue e integre todas las normativas secundarias vigentes en la actualidad. Ese marco de sanciones debe permitir “perseguir las conductas que ponen en peligro el servicio público de taxi por medio del intrusismo y de prácticas monopolistas”.

La proposición defiende cambiar la calificación de “graves” a “muy graves” de determinadas infracciones y tipificar nuevas infracciones en relación con el incumplimiento de otras condiciones del servicio, estudiando también la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves, e incluso, la posibilidad de revocar la autorización VTC por la comisión de infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Unidas Podemos demanda en otro punto establecer instrumentos legales adecuados y suficientes que permitan a los cuerpos de inspección y de policía locales de las administraciones públicas competentes (local, autonómica y estatal) sancionar adecuadamente los incumplimientos sobre hoja de ruta, retorno a base, restricción de circulación, precontratación, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo.