Por acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, el Gobierno actualizó ese catálogo de causas de impedimento para trabajar en la función pública, y ahora el Grupo de Trabajo Interministerial, presidido por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha analizado su funcionamiento, según informó este sábado en un comunicado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El acuerdo de 2018 tenía por objeto eliminar las exclusiones genéricas de los procesos selectivos de posibles aspirantes con enfermedades que no impiden el normal desarrollo de las tareas encomendadas al empleo público.

La medida conllevó la eliminación del VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público en todas las convocatorias que se publiquen con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público de 2020.

Asimismo, impuso la revisión y la actualización de las restantes causas de exclusión recogidas en los catálogos, de modo que estas actualizaciones se puedan aplicar a todas las convocatorias que deriven de la Oferta de Empleo Público de 2021.

Con ello, desaparecen las barreras para acceder a determinados cuerpos de funcionarios: Vigilancia Aduanera, Instituciones Penitenciarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.

Para el Ejecutivo, estos dos años de ejecución del acuerdo han significado “un espaldarazo definitivo a la integración y al reconocimiento de la dignidad de las personas con enfermedades no invalidantes para el desempeño de un empleo público”.

“Es una medida de justicia social que pone fin a una discriminación histórica que afectaba a siete millones de personas”, señala el Ministerio en su comunicado.

A la reunión del grupo interministerial asistieron los subsecretarios de los departamentos implicados -Presidencia, Sanidad, Hacienda, Interior y Defensa-, además del secretario General de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.