El pasado lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la suspensión de la regla de gasto de los ayuntamientos en 2020. Esto permitirá a las entidades locales gastar más en este ejercicio, pero no permitirá usar el remanente, ya que, al no tener un ingreso equivalente, supondría incurrir en déficit, algo que el artículo 135 de la Constitución les prohíbe.

CCOO destacó que las corporaciones locales son las que han adoptado medidas económicas "más duras" desde la crisis del 2008 ya que fueron obligadas a no tener déficit y a dedicar su superávit al pago de deuda, "cuando el porcentaje que soportaban de la deuda del conjunto de las administraciones públicas nunca ha supuesto más del 4%", argumentó.

El sindicato recordó que la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y la de racionalización y sostenibilidad de la administración local para que los ayuntamientos pudieran utilizar sus "ahorros" en inversión pública y servicios sociales, entre otros aspectos, figuraba en los programas y acuerdos de gobierno entre el PSOE y Podemos.

En ese sentido, CCOO tildó de "incomprensible" la "ingeniería contable" propuesta por Hacienda, en referencia al real decreto ley rechazado el pasado jueves por el Congreso en el que se planteaba que los ayuntamientos prestasen voluntariamente sus remanentes de tesorería al Estado, y también criticó "la negativa del arco parlamentario a encontrar una solución adecuada al tamaño de los problemas que se deben afrontar".

Por todo ello, el sector de la Administración Local de CCOO instó al Gobierno y a los partidos políticos a llegar a un acuerdo que permita utilizar los fondos ahorrados por las corporaciones locales en los programas de servicios sociales, desarrollo local y transición ecológica "que se deben impulsar", así como un nuevo convenio de financiación de los ayuntamientos.