La querella, presentada esta misma mañana ante el Decanato de la Audiencia Nacional, se dirige contra los seis máximos dirigentes militares de Myanmar, a los que, además de crímenes contra la humanidad, se acusa de crímenes de guerra, tortura y terrorismo.

En concreto, Birmania por la Paz, que presenta la querella en calidad de acusación popular, acusa de estos crímenes al comandante en jefe del Ejército Birmano, Maung Aye; al comandante general y ministro del Interior, Maung Oo; al comandante general en la ciudad de Rangún, Hla Htay Win; al brigadier general y responsable de la 11ª División de Infantería Ligera, Hla Min; al director general de la Policía, Khin Ye; así como al responsable del Directorio de los Servicios Nacionales de Inteligencia, Myint Swe.

La querella denuncia desde la represión militar de 1988 hasta la masacre de Depayin de 2003, además de los crímenes de la denominada “revolución azafrán” de 2007 y el bloqueo de ayuda a los damnificados del Ciclón Nargis de 2008.

La asociación también acusa a los responsables de la Junta Militar de estar detrás de “la sistemática comisión de la tortura, la violencia sexual contra las mujeres, los desplazamientos y trabajos forzados de la población civil de las distintas etnias y del reclutamiento forzoso de niños soldados”.

Los querellantes solicitan que comparezcan ante el juez una serie de víctimas y testigos directos de estos crímenes así como el desplazamiento de una comisión judicial a los campos de refugiados birmanos en Tailandia.

Desde Birmania por la Paz son conscientes de que la futura aprobación por parte del Congreso de la limitación del principio de jurisdicción universal puede provocar que su querella no sea admitida a trámite.

En este sentido, el abogado artífice de la querella, José Elías Esteve, aseguró que “los tribunales españoles son competentes para conocer estos crímenes internacionales, ya que Birmania no reconoce el Tribunal Penal Internacional”.

Por su parte, la presidenta de Birmania por la Paz, Concha Pinós, señaló que “occidente tiene responsabilidad de proteger, velar y denunciar todo lo que esta sucediendo dentro del país, corrigiendo por todos los medios y promoviendo una ruta segura hacia la vuelta a la democracia".