La querella se presentó en 2018 y estaba suscrita, además de por las dos formaciones políticas citadas, por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda. El ella se atribuye a anterior jefe del Estado la comisión de 13 delitos, entre ellos organización criminal, malversación o tráfico de influencia.

Los querellantes dirigieron un escrito a la Sala Segunda del Supremo a finales del pasado mes de julio en el que pedían “reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”. Fue esta misma sala la que en el verano de 2019 archivó las actuaciones e inadmitió finalmente la querella.

El ponente designado para instruir la causa fue el propio presidente de la sala, el magistrado Manuel Marchena. La sala ha comunicado a los querellantes de que ha “recibido” el escrito y les informa que ha reclamado la querella original y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto.

La querella buscaba que se investigara un audio de una conversación entre Villarejo, el empresario Juan Villalonga y Larssen en 2015 en el que la intermediaria germana desvelaba que el Rey emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros para ocultar propiedades en Marruecos y había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del llamado `AVE a La Meca´ a un conglomerado de empresas españolas.

El escrito remitido al Supremo defendía que la investigación debía realizarse a la vista de los nuevos acontecimientos relativo a la `pieza Carol´ conocidos durante el verano y que desembocaron en la salida de Juan Carlos I, para trasladarse a Arabia Saudí.

La pieza `Carol´ se investigó en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Naconal. Su titular en ese momento, Diego de Egea, concluyó que no había “datos” ni “documentaciones” que prueben las afirmaciones que hizo Corinna sobre el Rey emérito en aquella conversación, y que podrían deberse al despecho por la finalización de una relación. Acordó en ese momento el archivo provisional.

En su recurso de súplica, los querellantes denunciaban que la inadmisión a trámite de la querella “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que carece de motivación para comprender las razones del archivo”, ya que “en ningún momento señala qué razonamientos concretos utiliza para descartar las múltiples pruebas e indicios” que explican, aportaron en su escrito inicial.

La Sala de lo Penal del Supremo también acordó el archivo con el argumento de que los hechos denunciados fueron investigados y archivados por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que no elevó ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abierta una investigación sobre esas supuestas comisiones ilegales, pese a haberse archivado la causa en la Audiencia Nacional y, de hecho, se llegó a dirigir a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude británica con sede en Londres, para solicitar el interrogatorio a Corinna Larsen.

Precisamente, los querellantes alegan que ya no vale el argumento que el Supremo empleó hace un año sobre que ”los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional” a la vista de los nuevos datos aparecidos durante los últimos meses y de la investigación abierta por Anticorrupción.

Además, el actual titular de juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido recientemente la reapertura de esta pieza sobre las conversaciones de Corinna Larsen, a la que ha citado de declarar.