"Los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos", señala la patronal en un comunicado, en el que informó de que ha presentado denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

COAG ha presentado pruebas de un contrato presentado a un viticultor de la DO de Jumilla, donde se incluyen unas tablas de precios de 0,18 euros el kilo, muy debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia, 0,47 euros el kilo, según el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia.

Además, debajo de las tablas, se incorpora la cláusula ilegal “... el precio pactado, según declara el vendedor, cubre el coste efectivo de producción de la uva objeto del presente contrato…”. Esta redacción, asegura la confederación, contraviene lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Cadena Alimentaria, ya que quien tiene la responsabilidad de que no se destruya valor en la cadena es el comprador y, en todo caso, este hecho se debería acreditar con factores objetivos y verificables. Asimismo, incluir esa aseveración supone una forma de coacción en la firma del contrato, en la medida que supone trasladar al viticultor (vendedor) una responsabilidad que legalmente incumbe al comprador.

La confederación cree que tras este tipo de prácticas irregulares "se esconde una feroz guerra de precios para ganar cuota de mercado en el lineal del supermercado ante la caída del consumo de vino en bares, hoteles y restaurantes". “Es intolerable. Los grandes industriales y bodegas pretenden que los viticultores financien su nueva estrategia comercial por el Covid. Los datos reales de existencias, cosecha mundial y exportación no justifican una reducción del 30% en el precio de la uva, tal y como recogen las tablillas en las principales zonas de producción, como Castilla La Mancha”, ha subrayado Joaquín Vizcaíno, directivo de COAG.