Así se evidenció durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja de la convalidación o derogación del texto, que permitiría a las entidades locales con remanentes de tesorería recibir un ingreso no financiero del Estado por importe máximo de 5.000 millones que podrán destinar a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles.

Se trata de un fondo presupuestario cuya adhesión implica que las entidades locales se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por sus remanentes de tesorería que les serán devueltos íntegramente en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables.

En cuanto a la distribución, de ser convalidado el real decreto, el Estado transferirá a los entes locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de darles un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones.

DEBATE

Durante su intervención, Montero reivindicó el papel jugado por la FEMP “tras dos meses de intenso debate” en este acuerdo, que fue aprobado por la federación de municipios el pasado 3 de agosto por 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención, siendo decisivo para su aprobación el voto del presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.

Así, ante las críticas de otros partidos políticos al acuerdo, la ministra de Hacienda señaló que esas formaciones no han presentado “ninguna propuesta que respete los límites constitucionales” para permitir a las entidades locales hacer uso de su remanente de tesorería sin incurrir en déficit, algo prohibido tanto por la ley de estabilidad presupuestaria como por la propia Constitución. Además, añadió que los tipos de interés negativos vigentes actualmente suponen a los ayuntamientos un coste de 70 millones de euros anuales por sus depósitos bancarios y que, por tanto, “no tiene sentido perpetuar esta situación”.

En este sentido, la titular de Hacienda resaltó que se trata de una “solución extraordinaria a una situación extraordinaria” y que “el Gobierno no esconde la cabeza debajo de la mesa como un avestruz” pese a que “no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos” y que realizar 9.000 préstamos supondrá una gran carga administrativa, y defendió que la propuesta acordada es la única solución viable.

Asimismo, Montero destacó que la FEMP es el órgano que representa “la democracia de los municipios” y que, por tanto, cualquier acuerdo en su seno debería ser respetado por el Congreso de los Diputados. “Negar la democracia de las mayorías de la FEMP es negar la democracia de los ayuntamientos y negar la democracia de los ciudadanos”, declaró.

Ante la falta de apoyos al texto, la ministra invitó a los grupos que se oponen al texto a tramitarlo como proyecto de ley y presentar su propuesta alternativa, pese a que la mayoría de formaciones abogan por permitir el uso del superávit y la incursión en déficit mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de palabra de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Antonio González Terol acusó al Gobierno de querer “apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos” con este real decreto que, indicó, “regula la entrega de la totalidad de los ahorros de los ayuntamientos, 15.000 millones de euros, por un periodo de 15 años para cumplir con su agenda política”, a cambio, señaló, de un fondo de sólo 5.000 millones. Además, acusó a la ministra de ignorar las peticiones del resto de formaciones políticas y aseguró que el acuerdo “no cuenta con el aval de la FEMP”, ya que este organismo “siempre ha trabajado y enviado sus documentos por unanimidad”, y que en esta ocasión se “forzó” el voto de calidad de Caballero, por lo que “no hay legitimidad en esta medida”.

La intervención del diputado popular dio lugar a la réplica de la ministra, que calificó de “auténtico chiste” que el PP, “autor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, defienda ahora que los ayuntamientos hagan uso de su superávit cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo impidió, y recordó los contactos mantenidos por el Ejecutivo con el grupo parlamentario popular y con alcaldes del PP, por lo que acusó a este partido de haber decidido su posición de antemano. Además, invitó al PP a aprobar el texto como proyecto de ley e introducir su propuesta, para a continuación asegurar que no lo hace porque dicha propuesta “no existe” y que lo que persigue es “hacer frentismo y desgaste y derrumbar al Gobierno”.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, resaltó que el real decreto supone “un enfrentamiento histórico” entre la administración local y el Gobierno y que su objetivo es “hacer ingeniería contable para blanquear la penosa gestión económica de un Gobierno que ya no puede seguir”. Así, denunció el “chantaje” a los ayuntamientos y destacó que “es difícil poner de acuerdo a tantos partidos”.

El diputado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, reconoció haber desarrollado “un complejo de funambulista” ante “la tensión de las costuras” generadas tanto en el Gobierno de coalición como en su formación por un “tema tan delicado y en un contexto tan complicado”, ya que su partido se opuso en principio a la propuesta aprobada por la FEMP. Así, Guijarro defendió el voto a favor de su formación respecto al “acuerdo pírrico” de la FEMP ante la emergencia de la situación y ensalzó la labor negociadora de la ministra. Por otro lado, criticó el “cinismo” del PP en esta cuestión y afirmó que “produce vergüenza ajena” que dicha formación intente “apoderase de la bandera municipalista”, y denunció que se haya cerrado a negociar la solución.

En nombre de ERC, Joan Margall anunció el voto negativo de su grupo parlamentario y aseveró que el Gobierno “lo ha hecho tan mal como ha sabido y ha podido” en la negociación del real decreto. Para el diputado catalán, “el autodenominado como Gobierno más progresista de la historia apuesta por las recetas clásicas de todos los gobiernos: recentralización y austeridad, y deja fuera a los ayuntamientos que no tienen remanentes y tienen más urgencias”.

La diputada María del Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, expuso el rechazo de su formación al real decreto, al considerar que no responde a las necesidades reales de los ayuntamientos, y criticó que el acuerdo con la FEMP fue el fruto de una negociación entre el Gobierno del PSOE y los ayuntamientos gobernados por el propio PSOE.

Idoia Sagastizabal, diputada del PNV, se sumó a la oposición al real decreto, al considerarlo “improvisado”, y criticó que no supone una modificación para permitir el uso del superávit por parte de los ayuntamientos, sino la utilización del fondo de 5.000 millones, y que éste, además, sólo podría usarse para determinados aspectos y bajo condiciones.

En representación de EH Bildu, Mertxe Aizpurua criticó que el planteamiento del real decreto “ha sido desde el principio muy enrevesado” y que la solución propuesta “invita a la perplejidad”. Para la diputada, los ayuntamientos llevan “demasiado tiempo” aguantando el “sinsentido” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y defendió que la solución pasa por la modificación de dicha ley y del artículo 135 de la Constitución y la flexibilización de la regla de gasto.

Por parte de Junts per Catalunya, Ferran Bel reprochó la falta de consenso en la FEMP y pidió al Ejecutivo que “escuchen” las propuestas del resto de formaciones. Así, advirtió que “no es necesario modificar el artículo 135 de la Constitución para que los ayuntamientos puedan incorporar sus remanentes sin que les afecte a la estabilidad presupuestaria”. “Eso es posible técnicamente”, al tiempo que indicó que “no hace falta” que los ayuntamientos presten su dinero al Estado. Por último, pidió a la ministra “tragarse el orgullo”, negociar con los grupos y presentar una nueva propuesta de real decreto.

Por la CUP, Albert Botran anunció el voto en contra de su formación y criticó al Gobierno por no derogar las leyes aprobadas por el PP a las que el PSOE se oponía, por lo que invitó al Ejecutivo a derogar la contrarreforma del artículo 135 llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy.

La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, acusó a la ministra de “chantajista” y tener “soberbia” y reclamó la modificación de la ley orgánica y de la Constitución para permitir a los ayuntamientos incurrir en déficit. “¿Quiénes son ustedes para decirle a los alcaldes en qué pueden gastar el dinero?”, afirmó, para acto seguido reivindicar que se trata de un dinero que es de los ayuntamientos.

En nombre de Nueva Canarias, Pedro Quevedo también señaló su voto contra el real decreto, criticó la falta de diálogo del Gobierno y mostró su esperanza de que la derogación del texto no suponga que se deje a las entidades locales a su suerte.

El diputado Carlos García Adanero, de UPN, indicó su voto en contra y subrayó que “el Gobierno no tenía mucho interés en que se convalidara este decreto” y que por ello no lo ha negociado más, para acto seguido añadir que el Ejecutivo “estaba deseando” no aprobarlo para ahorrarse el coste que supone.

Por el Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón también reclamó la “modificación exprés” del artículo 135 de la Constitución para permitir a las entidades locales incurrir en déficit y pidió al PP que “dejen fuera a los ayuntamientos de sus disputas políticas”.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, también anunció su rechazo al real decreto, al considerar que supone la “incautación” del remanente de las entidades locales y denunció que la forma de proceder de la FEMP ha supuesto “un atropello sin precedentes” contra el tradicional consenso de dicho organismo.

Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, denunció que en la FEMP “se forzó un acuerdo con fórceps” y emplazó al Gobierno a presentar un nuevo real decreto. “Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias”, declaró, para a continuación recomendar al Ejecutivo que “aprendan que no tienen mayoría absoluta, aprendan a negociar mejor y aprendan que tienen aliados, no palmeros”.

Para, Néstor Rego, del BNG, el real decreto “supone una auténtica incautación por parte del Estado de los recursos de los ayuntamientos” y rechazó el criterio poblacional para el reparto del fondo ya que, apuntó, perjudicaría a regiones con mayor dispersión territorial como Galicia.