España invirtió 2.498,54 euros por persona en 2019 para gastos sociales, según señaló este miércoles la asociación de directores y gerentes de servicios sociales. El porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2019 ha sido 6,3 puntos menos (60,6%) y 1,2 puntos menos que en 2018.

“Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado”, lamentó la entidad. Y es que la recuperación del gasto en políticas sociales es aún deficitaria tras 10 años.

El gasto en políticas sociales de 2019 -un total de 116.850,5 millones de euros- aún está por debajo del de 2009 -con 116.851,7 millones-, mientras que “la ausencia de presupuestos generales ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro”, alertaron los directores sociales.

A su juicio, se está priorizando la deuda pública. “Considerando todas las políticas gestionadas por las autonomías, indudablemente la situación de crisis derivó en un importante incremento del gasto en deuda pública autonómica, en un agónico y fallido intento de mantener las políticas de protección y en una reducción drástica del gasto en el resto de políticas”, añadieron.

Pese a que desde el año 2009 hasta el 2019 se ha aumentado en 2.132,6 millones de euros la inversión en servicios sociales, este aumento “está hoy en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital, ya que las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales”.

Según los cálculos de la asociación de directores de servicios sociales, si se toma como año base 2009, al margen del crecimiento del gasto en deuda, únicamente el gasto en servicios sociales habría recuperado el nivel previo a los recortes.

“Puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009, y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción”, explicó.

Todas las comunidades autónomas salvo Navarra y Asturias han reducido el porcentaje de presupuesto que destinan a Políticas Sociales, mientras que Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña han disminuido la inversión por habitante.

Es especialmente significativo el aumento en más de 300 euros por habitante de inversión en políticas sociales de Navarra, Valencia y Asturias, aunque en el otro extremo están Castilla-La Mancha, con un retroceso de 415, 4 euros, y Cataluña, con 588,27 euros menos por habitante.