Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que defendió la “obligación” y el “deber” de los parlamentarios de investigar si algunas empresas públicas “han caído en ilícitos penales”.

Sobre el papel del rey Juan Carlos I en la concesión y las presuntas comisiones que habría percibido a cambio, dejó claro que “no estamos en una discusión sobre la forma de Estado, sino sobre la transparencia y la salud del Estado de derecho”.

Esto le sirvió para proclamar que la constitución de esta comisión de investigación plantea el reto de comprobar si España es una “democracia avanzada” o un “país bananero”.