Fernández Marugán señala que “ante una pandemia gravísima, el confinamiento general era una respuesta sanitaria proporcionada a la situación y necesaria para preservar la salud y la vida de las personas”. Así, destaca que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Para el Defensor, la respuesta de los poderes públicos debía estar a la altura de la gravedad de la amenaza y lo estuvo: “no puede reprocharse que, excluidos los estados de excepción y sitio por no concurrir sus presupuestos, fuera elegida la aplicación del estado de alarma. Era una salida constitucional, proporcionada, realista y orientada a salvar vidas”, concluye.

En su resolución explica que la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), contempla que pueda declararse el estado de alarma para hacer frente a una epidemia. En este sentido, asegura que “el confinamiento generalizado, masivo, largo en el tiempo, constituye, por su propia naturaleza, una severa restricción de lo que pueden hacer las personas en su vida cotidiana. Y afecta, como no podía ser de otra manera, al ejercicio de los derechos fundamentales”.

Sin embargo, advierte de que, a juicio de la institución “en modo alguno significa -o significó durante el estado de alarma- la suspensión de determinados derechos fundamentales, como sostienen muchos de los comparecientes, sino una limitación de su ejercicio. Sí se hubiese aplicado el estado de excepción, como consideran algunos peticionarios, si se habrían suspendido esos derechos.”

Fernández Marugán reconoce que durante el estado de alarma algunos derechos se vieron intensamente afectados pero señala que “una interpretación conjunta de la Constitución y de la LOAES permite concluir que se limitan derechos, pero no se suspenden”. Así, recuerda que esta distinción “no es baladí”. “La limitación modula el ejercicio de los derechos, la suspensión los elimina”.

Si bien las restricciones a la libertad de circulación estaban justificadas en origen, el Defensor entiende que las sanciones por su incumplimiento, amparadas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, deberían haber sido objeto de un régimen sancionador específico, adaptado a las circunstancias. Igualmente, ha recibido y tramitado quejas sobre actuaciones policiales concretas durante el estado de alarma. Pero esto es cosa diferente a la legitimidad de la restricción de movimientos para evitar contagios durante el estado de alarma declarado para hacer frente a la epidemia.

'SEVERA REPERCUSIÓN'

El Defensor también concluye en su resolución que el confinamiento ha tenido una “severa” repercusión en la actividad económica y ha generado una situación dramática para muchas personas y familias. “Puede discutirse el acierto o desacierto de las restricciones a los derechos económicos, si fueron o no excesivas o si duraron o no demasiado. Pero esto sería crítica legítima de la política económica (y sanitaria) que no afecta a la constitucionalidad del estado de alarma y sus consecuencias sobre los derechos económicos y sociales”, matiza.

En total, la Institución ha recibido 617 escritos en los que se solicitaba la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. A pesar de estar garantizado el pronunciamiento del Alto Tribunal por haber admitido a trámite el recurso presentado por un grupo parlamentario, la Institución ha considerado necesario pronunciarse. Fernández Marugán asegura que lo hace, "de manera excepcional", "teniendo en cuenta la directa conexión entre el estado de alarma y los derechos fundamentales".