La reunión entre ellos y los representantes autonómicos se celebra de forma telemática y culmina una intensa semana que comenzó con la apelación de Sánchez a la unidad ante empresarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil, y prosiguió con sus encuentros presenciales y telemáticos con los líderes de los principales partidos de la oposición y destinatarios de ese llamamiento a la unidad.

Tras la Intersectorial del 27 de agosto, Darias defendió la utilidad y conveniencia de esta reunión de la Conferencia de Presidentes ante las críticas de quienes denuncian su tardanza, y pese a que las medidas esenciales ya fueron acordadas.

En su opinión, la Conferencia de Presidentes y la Intersectorial son dos mecanismos de cooperación multilateral que no solo no se solapan, sino que “se complementan” y que forman parte ambos “del engranaje de la nueva cogobernanza”.

Argumentó, además, que sin este acuerdo previo esta reunión de la Conferencia de Presidentes “no sería igual”, porque ya se ha trabajado en el ámbito sectorial tanto de educación como de sanidad, para elevar ahora esos acuerdos al “máximo órgano” de decisión y ejecución.

ESTADO DE ALARMA

Sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes estará también el ofrecimiento que ya hizo Sánchez a las comunidades autónomas para, en aplicación de la Ley Orgánica de 1981, solicitar la declaración del estado de alarma en su territorio si lo consideran necesario para frenar los contagios, contando para ello con los votos del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Ese ofrecimiento fue acogido por muchos presidentes autonómicos y por partidos de oposición como una “dejación de funciones” de Sánchez, ya que esa declaración compete al Consejo de Ministros. Es así, reconocen desde el Gobierno, pero dado que la situación difiere en los distintos territorios, son los presidentes autonómicos, y así lo prevé la ley, quienes deben solicitarlo en función de sus necesidades.

La reunión se celebra tras constatar, este miércoles en La Moncloa, la falta de acuerdo entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, y después de las acusaciones cruzadas entre el Ministerio de Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Después de que el propio Sánchez y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconocieran su preocupación por la evolución de la pandemia en Madrid, Díaz Ayuso denunció la “obsesión” del Gobierno con la Comunidad, y García Page lamentó que gran parte de los contagios en Castilla-La Mancha procedan de “la bomba radiactiva vírica” de Madrid.

Su petición para frenar lo que considera el “efecto Madrid” suscitó una reunión del Ministerio de Sanidad con los consejeros de Madrid y sus dos comunidades limítrofes, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que se han comprometido a compaginar medidas de prevención y a mantener encuentros regulares para analizar la evolución de la pandemia.

MASCARILLA Y 'GRUPOS BURBUJA'

Las normas acordadas por Gobierno y autonomías el pasado 27 de agosto para una 'vuelta al cole' segura pasan por generalizar el uso de mascarilla a partir de los seis años, mantener grupos estables de convivencia en las etapas educativas inferiores para acotar posibles contagios, incrementar la ventilación de las aulas y que los pequeños se laven las manos al menos cinco veces cada jornada.

Asimismo, las recomendaciones para los centros también incluyen la creación de la figura del 'coordinador Covid' y la toma de temperatura.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, aunque manifiesta que "el riesgo cero no existe", apuesta por la presencialidad, ya que entiende que son superiores los beneficios eduativos y de socialización de los alumnos que los riesgos de desarrollar casos graves de coronavirus.

No obstante, organizaciones sanitarias, sindicales, de familias y de alumnos reclaman que esa persencialidad se dé en condiciones de seguridad para la comunidad educativa, que pasa porque haya distanciamiento real en las instalaciones.

Según un informe presentado por CCOO este mismo miércoles, para garantizar la ratio de 20 alumnos por aula acordada por gobierno central y autonómicos (muy lejos de los 15 máximo que establecen los sanitarios para que tengan éxito los denominados "grupo burbuja"), habría que contratar a más de 70.700 profesores más para este curso y contar con un incremento de financiación de más de 4.600 millones de euros.

Otras revindicaciones de la comunidad escolar reclaman generalizar las pruebas PCR en alumnos y personal y dotar a los centros de material de higiene y seguridad sanitaria, así como incorporar en todos los centros la figura de la enfermera escolar. Estas cuestiones sanitarias y el incremento del número de casos de Covid-19 han provocado que algunas autonmías hayan decidido retrasar el inicio del curso, como ha sido el caso de Canarias, Asturias y Murcia.

Asimismo, los agentes educativos han mostrado su preocupación sobre cómo será finalmente el reparto de los 2.000 millones del Fondo Covid designado por el Gobierno para que las autonomías lo destinen a la educación (400 millones irían a la Eduación Superior) para poder asegurar una educación con garantías.

El propio Illa advirtió el pasado 27 de agosto que se ordenará el cierre “temporal” de un colegio “cuando se constate una transmisión no controlada y generalizada”, aunque, precisó, dicho cierre será por un periodo de 14 días.