Así lo anunció durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, donde acudió a informar, a petición propia, sobre el fondo europeo SURE para financiar mecanismos de flexibilidad de empleo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y a hacer balance sobre la actividad en el 2019 de la nueva autoridad macroprudencial.

Calviño recordó que el Gobierno fue de los primeros países en confirmar su recurso a este mecanismo habilitado en Europa con la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de mayo de los avales necesarios para recurrir al mismo, el 3 agosto remitió la petición formal a la Comisión Europea, que el 24 de agosto propuso asignar ya a España 21.325 millones.

“Una cantidad que está totalmente en línea con la solicitada por el Gobierno y que nos convierte en el segundo país que más fondos recibirá del SURE, sólo por detrás de Italia”, subrayó Calviño, recordando que la “propuesta” de la Comisión Europea “debe ser ahora debatida, modificada en su caso y adoptada por el Consejo”.

Luego solo quedaría un trámite más formal, el de cerrarlo con la Comisión, ya que se trata de un préstamo que producirá un ahorro financiero que la ministra dijo no poder evaluar hasta que se concreten sus plazos de amortización, actualmente en discusión.

La intención del Gobierno es destinar los recursos a financiar las prestaciones de desempleo vinculadas con los ERTE Covid, las contribuciones extraordinarias de la Seguridad Social para los ERTE, las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para los autónomos y los pagos por bajas por enfermedad relacionadas con el Covid-19.

También prevé financiar con recurso al fondo europeo las ayudas a trabajadores fijos-discontinuos que no han podido volver a su trabajo en la fecha prevista por culpa de la pandemia y que no cumplen los requisitos para cobrar una prestación por desempleo, lo que es particularmente relevante para los trabajadores del sector turístico; y las medidas de mantenimiento del empleo en el sector turístico.

El SURE se creó con un presupuesto de 100.000 millones para ayudar a financiar en condiciones “favorables”, mediante préstamos, medidas que “ayuden a proteger a los trabajadores, las empresas y los países frente a la crisis del coronavirus”, según recordó, permitiendo a que cualquier Estado miembro proteja a sus trabajadores “en igualdad de condiciones ante una crisis” y “no estará sujeto a condicionalidad ni supervisión adicional”.

“Las diferentes medidas extraordinarias adoptadas comportan un importante coste fiscal. Por ello, señorías, es fundamental hacer el uso más eficiente posible de los recursos públicos”, explicó en el Congreso, destacando el fuerte esfuerzo que acometerá España por la crisis.

Al respecto indicó que actuaciones como la ampliación de los ERTE y de la prestación para autónomos, el ‘Fondo Covid’ para las comunidades autónomas, los planes específicos para impulsar los sectores de la automoción y el turismo, el programa Educa en Digital, el Fondo de Apoyo a la Solvencia y el resto de medidas adoptadas “se traducen en un impacto presupuestario equivalente al 5% del PIB en 2020” y alcanza el 15% si se incluyen las medidas de liquidez como los avales del ICO.