La crisis del Covid-19 provocó la suspensión de la actividad presencial en los centros formativos, lo que tuvo una especial repercusión en las empresas de autobuses, que cesaron totalmente los servicios de transporte escolar. Ahora, trasladan esta petición para intentar paliar los graves efectos que la pandemia en el sector.

Con el inicio del curso escolar 2020-2021, se pone en marcha una nueva temporada en la que, en un año normal, los autobuses transportarían a más de 247 millones de alumnos en los cerca de 17.500 autocares dedicados al transporte escolar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una actividad que concentra el 13% del total de la facturación del sector del autobús.

Por esta razón, entre las peticiones se encuentran algunas como que el límite de antigüedad máxima de los vehículos de transporte escolar se amplíe uno o dos años de manera transitoria y hasta la normalización de la economía una vez superada la crisis.

Desde la Confederación aseguran que España cuenta con la flota más moderna de Europa y ponen de ejemplo los casos de Francia o Alemania, donde no hay limitación de edad alguna. A su juicio, adoptar una medida así aliviaría mucho al sector del transporte de viajeros, sin coste para las administraciones.

Asimismo, la Confederación pidió al Ministerio de Educación y Formación Profesional otras medidas adicionales como el pago de los contratos suscritos con la Administración para el transporte a centros públicos para este curso lectivo, así como la prórroga para los próximos dos años del contrato. Esto, en su opinión, permitiría aliviar la difícil situación financiera a la que están abocados los operadores que prestan este tipo de servicios, que son pequeñas y medianas empresas principalmente.