No se ha realizado “ningún convenio” con las ONG ni la Dirección General de Salud Pública cuenta con voluntarios para ejercer como rastreadores, según consta en una resolución de acceso a la información firmada por la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas.

Por el momento, con quienes sí cuenta la Consejería de Sanidad es con cinco funcionarios cedidos por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar en las labores de rastreo de casos, según especifica dicha resolución.

La Comunidad de Madrid comenzó a pedir voluntarios rastreadores a principios de agosto. La polémica saltó cuando la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hizo un llamamiento a estudiantes de Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria para ejercer voluntariamente para la Consejería de Sanidad.

El propio rector, Joaquín Goyache, trasladó a los alumnos interesados que debían enviar un “breve currículum” a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Según la información firmada por la propia directora general, finalmente Sanidad no tiene ni un solo voluntario.

Aunque la Comunidad de Madrid señala no contar con voluntarios para el rastreo, sí especifica que “se ha contado con el desempeño temporal de funciones del personal de las corporaciones locales”.

En concreto, cita a cinco funcionarios prestados por el Ayuntamiento de Madrid y que ejercen temporalmente de rastreadores de contactos de Covid-19 en la Dirección General de Salud Pública, a través de la Subdirección General de Epidemiologia, responsable de la vigilancia epidemiológica en la región.

El llamamiento para reclutar voluntarios para el rastreo de casos fue duramente criticado por las ONG. El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Luciano Poyatom, señaló entonces que "la tarea voluntaria no debe sustituir jamás ningún puesto de trabajo" porque va "contra el espíritu" de la legislación, que establece "con claridad las diferencias entre solidaridad y trabajo remunerado".

Tras la iniciativa para reclutar rastreadores voluntarios, la Comunidad de Madrid recurrió a la empresa Quirón Salud, a la que adjudicó un contrato de 194.223,15 euros para que 22 rastreadores realizaran durante tres meses el "seguimiento de casos e identificación de contactos" de personas afectadas por la pandemia de Covid-19 en la región.