La oficina del Defensor recibe quejas desde hace años por las que se denuncian los problemas de suministro eléctrico en el norte de la provincia granadina. La Consejería andaluza asegura que la causa de estas incidencias es el elevado número de enganches ilegales que se producen en la zona, presuntamente dedicados a abastecer de energía eléctrica plantaciones de marihuana.

Fernández Marugán considera que las interrupciones de suministro eléctrico en la zona no pueden continuar porque, en su opinión, “los actos defraudatorios o incluso delictivos de algunas personas no pueden constituir pretexto para privar de suministro eléctrico a otras”.

En este sentido, el Defensor recordó que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud, el derecho a la educación y a la información y, en definitiva, “para una vida digna”. Así, apunta que hay personas para las que la privación de energía eléctrica puede suponer un peligro para su vida, como puede ser el caso de personas con discapacidad que dependen de aparatos que precisan corriente eléctrica.

Además, durante el estado de alarma, también se produjeron cortes que afectaron al derecho a la educación, para el que el suministro eléctrico fue más necesario que nunca al haberse suspendido la actividad educativa presencial por la enseñanza a distancia. También se vio afectado el derecho a recibir y comunicar información, algo fundamental en un momento en el que la población tenía restringida su libertad de circulación.