Según informó Vox, la querella solicita que se tome declaración a los cuatro denunciados, que se requiera a Marta Flor, a José Manuel Calvente y al fiscal Ignacio Stampa “copia íntegra testimonia de los mensajes que intercambiaron los interesados entre sí” y que se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en los medios de comunicación y páginas web que “sean contrastadas por la unidad correspondiente a fin de certificar las mismas”.

En su escrito, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, analiza la “implicación del miembro de Fiscalía Anticorrupción querellado” en una “presunta connivencia con la abogada de la formación morada”.

También escruta una “posible relación sentimental para la obtención de información secreta y privilegiada”, las “contradicciones de las declaraciones de los implicados” y la “ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos”.

"HABÍA MENTIDO"

Vox denunció que Bousselham “ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre Mariló Montero”, ya que “la línea era culpar a Villarejo”, a pesar de que la Policía Nacional acreditó que “había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros”.

La formación liderada por Santiago Abascal añade en su escrito que “el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos”.

La exasesora de Iglesias, según Vox, dijo que “sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias”.

Por último, en el texto se subraya que “en el caso de Iglesias, obedece a una estrategia por la que victimizarse para sacar rédito político y que los abogados de Podemos concertaron con Fiscalía Anticorrupción para intentar implicar a 'OK Diario' en el 'caso Dina'”.