Así se pronunció el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña recogida por Servimedia, en la que defendió que se trata de un fenómeno “muy complejo y difícil” por la “aglomeración importante de personas” que se produce en los centros educativos, si bien insistió en la importancia de “entender que hay que volver al colegio y al instituto y que, además, esto es una cuestión de clase social”.

“No podemos ir a un modelo no presencial porque eso pueden hacerlo algunas personas y algunas familias”, dijo, convencido de que “la mayoría no tienen los instrumentos en su casa”. “No tienen wifi, pueden tener muchas más dificultades y menos espacio habitacional y hay familias que viven en condiciones muy difíciles”, subrayó.

En este punto, incidió en que, si la educación “no se mantiene abierta”, provoca un “incremento en la desigualdad que puede afectar al medio y al largo plazo a nuestro país”. “Ahora bien, hay que volver con seguridad y con todas las medidas puestas y eso es en lo que está trabajando el Ministerio de Educación en coordinación con quienes tienen esa competencia, que son las comunidades autónomas”, sentenció.

A su juicio, “de momento” su posición “coincide con la de los expertos y los científicos”. “Si los científicos consideraran otra opción, habría que atenderla”, admitió, para, a continuación, denunciar el “efecto asimétrico que se produce cuando las clases se cierran”, consciente de que "hay algunas familias que tienen la capacidad de compensar esa ausencia educativa presencial, pero la mayoría de las familias no lo tienen”.

En este punto, recordó que, aunque desde que él estudiaba “han evolucionado mucho las cosas”, la “mayoría” de estudiantes de su barrio en un pueblo de Málaga “no tiene la capacidad de que todos los hermanos de una familia puedan atender a unas clases no presenciales”.

Por esta razón, se mostró convencido de que la vuelta a las aulas “en condiciones de seguridad es la que tiene que garantizar la administración pública” en un país “plurinacional” en el que las competencias educativas recaen en las administraciones regionales. “Es un instrumento positivo, seguro que se puede mejorar y reforzar, pero es una responsabilidad compartida cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas”, resolvió.