Según informó la ARMH, la fecha de la muerte del poeta sevillano “simboliza perfectamente la travesía de miles de personas que huyeron del fascismo español cruzando los Pirineos, muchos de los cuales murieron sin haber vuelto a pisar suelo español”.

Por ello, lamentó la pretensión del Ejecutivo de conmemorar como día del exilio el 8 de mayo con el argumento de que “permite realizar una vinculación del pueblo español con la memoria democrática europea, y sitúa a las víctimas españolas del exilio en el marco de la victoria aliada frente al nazismo y el fascismo, por la que hicieron tantos sacrificios estos compatriotas durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial”.

El colectivo señaló que la fecha elegida por el Gobierno “no tiene nada que celebrar”, puesto que “una parte de los deportados republicanos que habían sido liberados de los campos nazis no pudieron regresar a España” y porque “la liberación de parte de Europa no alteró la existencia de la dictadura franquista que sobrevivió 30 años más en los que se generaron más exiliados, miles de personas fueron torturadas, perseguidas por sus ideas y asesinadas”.

La ARMH también se refirió a la fecha elegida por el Gobierno para conmemorar a las víctimas de la dictadura franquista: el 31 de octubre, día de la aprobación parlamentaria de la Constitución de 1978, a pesar de que este colectivo había propuesto que fuera el 12 de diciembre, ya que en esa jornada de 1946 la Asamblea General de la ONU condenó el franquismo.

A juicio, de esta asociación, el 31 de octubre de 1978 “no puede conmemorar a las víctimas de la dictadura”, puesto que este texto se aprobó en un Parlamento “surgido de unas elecciones en las que estuvo prohibida la participación de partidos republicanos” y porque su contenido “no menciona ni recuerda a las víctimas de la dictadura ni se declara deudora del anterior periodo democrático que fue la Segunda República ni reconoce la lucha de miles de hombres y mujeres para reconquistar la democracia”.

Por todo ello, la ARMH concluyó que “si el Estado coloca dos fechas falsas que no representan la realidad de las personas exiliadas y de las víctimas hará un flaco favor a la democracia y en vez de resolver con dignidad un problema generará otro”.