Según explicó este jueves la formación que lidera Santiago Abascal, la querella se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Durango y se dirige contra Juan Ignacio Barinaga, propietario del vertedero y de la empresa que lo gestiona; Arrate Bilbao, directora gerente; y Juan Etxebarria, responsable técnico de la instalación.

La querella se presenta por los presuntos delitos contra el medio ambiente en su vertiente de delito de contaminación, tipificado en los artículos 325 y 328 y 31 bis del Código Penal; prevaricación medioambiental del artículo 329; dos delitos de homicidio imprudente del artículo 142; y delito contra los derechos de los trabajadores recogido en el artículo 311.

En la querella, Vox recuerda que la empresa propietaria del vertedero cuenta con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida en 2007 y renovada en 2013 por el Gobierno Vasco para que pudiera desarrollar la actividad en la escombrera, pero “almacenó amianto sin el visto bueno de la Inspección de Trabajo”, una situación que se producía desde hacía años "sin que se hubieran detectado en los controles oportunos que debería haber realizado la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca”, y sin que tampoco el Gobierno central ejerciera la supervisión medioambiental que le compete.

INDAGAR EN LO SUCEDIDO

Solicitan por ello al juzgado las medidas oportunas para la localización de los cuerpos de los dos trabajadores que quedaron sepultados, y que se averigüe si la empresa propietaria y explotadora del vertedero cumplía los requisitos legales, si contaba con las autorizaciones para el tratamiento de los residuos y de la capacidad autorizada.

También se pide que se resuelva si la capacidad autorizada del vertedero fue rebasada, para lo que se solicita testimonio de trabajadores de la empresa y que se remita por la comunidad autónoma vasca todos los informes de inspección y control realizados desde 2007.

Por último, se solicita que se requiera el plan de seguridad y evacuación de la población ante cualquier contingencia de las poblaciones adyacentes; que la empresa informe del protocolo de tratamiento para cada tipo de residuos que recibía; de los los registros de residuos que recibía, y que se solicite informe al Departamento correspondiente sobre el impacto medioambiental del derrumbamiento y las consecuencias para los núcleos de población afectados.