Fiscalidad ambiental
La CNMC aconseja al Gobierno que aclare si va a gravar las bolsas de plástico de un solo uso
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a que el Gobierno pretenda crear un impuesto indirecto sobre los envases de plástico no reutilizables para reducir su uso, pero recomienda que aclare si incluye las bolsas de plástico en esa nueva figura impositiva.
Ese nuevo impuesto aparece en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobado el pasado 2 de junio en una primera lectura por el Consejo de Ministros, que dará su visto bueno definitivo cuando concluya el trámite de información pública y terminen las consultas preceptivas. Entonces, el texto iniciará su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados.
El anteproyecto legislativo, que transpone normativa de la UE, apuesta por un nuevo impuesto indirecto sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español. Se trata de un impuesto similar al que se pretende implantar en otros países cercanos, como Reino Unido o Italia.
El impuesto supondría un coste de 0,45 euros por kilo de envase y una recaudación superior a 700 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, impulsor del texto.
El informe de la CNMC celebra algunos aspectos, como la fijación de objetivos concretos y cuantificables de reducción de residuos, y ciertas medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas. No obstante, recomienda realizar mejoras en otros aspectos.
Por ejemplo, indica que prefiere un nuevo impuesto sobre envases de plástico no reutilizables frente a otras opciones, como la fijación de precios mínimos, pero, en aras de la seguridad jurídica de todos los interesados, aconseja mejorar la definición para que se aclare si incluye las bolsas de plástico, un residuo altamente contaminante y que supone un porcentaje muy alto del total de residuos generados.
Además, aconseja establecer un porcentaje de reducción de residuos alimentarios para que cada operador elija las opciones que mejor se ajusten a sus intereses y mejorar la potencial declaración de servicio público para el acceso al mercado de los operadores interesados, el régimen jurídico que pone fin a la condición de residuo o la exigencia de fianza o autorización para determinadas actividades.
(SERVIMEDIA)
20 Ago 2020
MGR/pai