"Estoy alarmado por el aumento mundial de los desalojos forzosos", apuntó Rajagopal en un comunicado, donde añadió: "El derecho a la vivienda es fundamental para cualquier respuesta a la pandemia, pero ahora estamos viendo una aceleración en los desalojos y demoliciones de viviendas".

Este experto de la ONU subrayó que "los derechos a la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados". "Perder tu casa durante esta pandemia podría significar perder tu vida", apuntó.

Aunque algunos Gobiernos han establecido prohibiciones temporales de los desalojos forzosos, muchas personas continúan perdiendo sus hogares. Más de 11.000 ciudadanos fueron expulsados de sus casas en Brasil y Kenia, y más están en riesgo de ser desalojadas. La reubicación forzosa es una amenaza en países como Haití y está aumentando en muchos otros. Rajagopal enfatizó que esta situación puede ser global.

“Las prohibiciones temporales en muchos países han terminado o están llegando a su fin y esto genera serias preocupaciones de que pueda seguir un tsunami de desalojos”, advirtió, al tiempo que recalcó: "Los gobiernos no deben permitir que las personas se queden sin hogar durante esta pandemia porque pierden su trabajo y no pueden pagar el alquiler o la hipoteca".

DRECHOS HUMANOS

Una moratoria también es esencial para limpiar campamentos o ciudades de tiendas de campaña de personas sin hogar, según Rajagopal. “Los desalojos forzosos son una violación atroz de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada”, indicó.

Este experto de Naciones Unidas recalcó que, "durante una pandemia, cuando se pide a las personas que se queden en casa para protegerse a sí mismas y a los demás, los desalojos forzosos son aún más odiosos y pueden constituir graves violaciones del derecho humanitario". Advirtió de que cuando las personas se ven privadas de refugio, se vuelven más vulnerables al Covid-19 "y esto aumenta el riesgo de contagio generalizado".

“Hago un llamamiento a todos los Estados para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos y se aseguren de que nadie quede en una posición de mayor vulnerabilidad al Covid-19”, destacó.

Las personas, familias o comunidades que ya han sido desalojadas deben tener garantizado el acceso a la justicia, según Rajagopal.