Caso Acuamed

Diputados republicanos preguntan al Gobierno si cesará al subdelegado en Tarragona por el `caso Acuamed´

MADRID
SERVIMEDIA

Los diputados republicanos, Norma Pujol y Jordi Salvador, han registrado este miércoles una batería de preguntas sobre el `caso Acuamed´, que investiga entre otros asuntos, la desviación de fondos públicos que tenían que ir destinados a la extracción de sustancias tóxicas del pantano de Flix.

Los diputados quieren que el Gobierno les explique qué valoración realiza de la causa judicial por presunta financiación ilegal, si se ha intentado dilucidar la posible implicación del subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté Borrás, en el caso y si se plantearía su cese si llegase a ser imputado.

Pujol y Salvador indican en su iniciativa que los partidos “del régimen del 78” se están viendo, desde hace años, “acosados por un goteo incesante de investigaciones judiciales por corrupción, financiación ilegal, tráfico de influencias y una lista interminable de delitos relacionados con la gestión pública”.

Entre ellos, uno de los que está pendiente de juicio y sentencia es el conocido como `caso Acuamed´, que investiga la desviación de fondos públicos que tenían que ir destinados a la extracción de sustancias tóxicas del pantano de Flix. En esta causa se está investigando el origen y destino de más de 20 millones de euros.

La descontaminación del pantano constituía una “prioridad de máxima urgencia” desde el punto de vista medioambiental en las Terres de l’Ebre. Durante la investigación han sobrevolado sospechas sobre la actuación de Joan Sabaté Borrás en este asunto cuando era senador por el Partido Socialista.

Por todo ello, los dos diputados preguntan al Gobierno si conocen la relación de Sabaté con el proyecto de descontaminación del pantano de Flix, si consta que haya compatibilizado alguno de sus cargos de subdelegado del gobierno en Tarragona, senador, diputado en el Parlament de Catalunya o alcalde con alguna otra actividad lucrativa y qué valoración hace de esta causa judicial sobre presunta financiación ilegal.

Asimismo, piden al Ejecutivo que valore las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el caso y los informes de la UCO que apuntan a una presunta financiación irregular y acaban preguntando si Sabaté podría ser cesado en case de confirmarse los cargos en su contra.

(SERVIMEDIA)
05 Ago 2020
SGR/man