En un informe titulado 'The World is Watching: Mass Violations by US Police of Black Lives Matter Protesters Rights', documenta "violaciones de derechos humanos generalizadas y atroces" cometidas por la policía durante las protestas.

La investigación sostiene que las fuerzas de seguridad se excedieron en el uso de la fuerza física y emplearon aerosoles y balas de goma contra manifestantes pacíficos, sin que mediase amenaza alguna.

También se emplearon medidas violentas contra personal médico, miembros de equipos de observación judicial y representantes de medios de comunicación.

A juicio de Amnistía, resultó "especialmente irresponsable" el uso de aerosoles y de gas pimienta en el contexto de la Covid-19.

Mientras los manifestantes salían a la calle con mascarillas y tratando de mantener la debida distancia física por al virus, la policía disparaba gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta, lamentó AI.

Esto hizo aumentar el riesgo de problemas respiratorios y la liberación de partículas en suspensión que podían propagar el virus.

Entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020, AI EE.UU. documentó al menos seis incidentes en los que la policía utilizó porras y otros 13 en que emplearon proyectiles de impacto cinético, como granadas de esponja y balas de goma.

Por todo ello, AI instó al Congreso de EEUU a a aprobar la Ley 'Protección para nuestros Manifestantes de 2020 (HR 7315)'. Asimismo, pidió también que todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley revisen sus políticas y prácticas sobre la actuación policial en las protestas y cumplan las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por estos profesionales, principios rectores en los que se basan todas las operaciones antes, durante y después de las manifestaciones.

En el texto de esta norma -pendiente de aprobación-, se establece que el Departamento de Justicia y los fiscales generales de cada estado deberán investigar de forma efectiva, imparcial y sin demora todas las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de agentes de policía durante reuniones públicas, incluido el uso ilegítimo de la fuerza.

También asegura que todos los que sean hallados responsables, mandos incluidos, rendirán cuentas en procedimientos penales o disciplinarios, y se ofrece a las víctimas pleno acceso a la reparación.