Inicialmente estaba previsto que la junta de gobierno de la FEMP votase la propuesta en una reunión extraordinaria convocada para este viernes, pero, ante la perspectiva de no haber apoyos suficientes para su aprobación, su junta de portavoces decidió aplazarla al lunes.

En este sentido, según informó la FEMP este viernes, la decisión de aplazamiento se debe “a una nueva propuesta del Gobierno que incrementa económicamente el último texto conocido”. A este respecto, fuentes de Hacienda confirmaron a Servimedia que existen conversaciones para alcanzar un acuerdo.

La propuesta presentada inicialmente por Hacienda consistía en que las entidades locales constituyan voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. Con este importe, Hacienda realizaría un ingreso no financiero en 2020 y 2021 que como mínimo representaría el 35% de los fondos aportados y que llegará hasta 5.000 millones

En concreto, Hacienda transferiría a los ayuntamientos 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021, mientras que el importe restante del préstamo se devolverá en un plazo de en un plazo de 10 años.

NUEVA PROPUESTA

Ahora, según señaló este viernes la FEMP, la nueva propuesta de Hacienda añade una aportación de 5.000 millones de euros a fondo perdido para los gobiernos locales que entreguen sus remanentes. Esta nueva propuesta, que el ministerio remitirá por escrito en la mañana de este viernes, contempla también la devolución en 10 años del 100% de los remanentes entregados.

Según resumió el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, “se entrega una cantidad de remanentes, que se devolverían en su totalidad en 10 años y que podrían ser utilizados sin incurrir en déficit; y de forma inmediata se recibirían esos 5.000 millones a fondo perdido”. Ello supone que “aportamos una cantidad y recibimos, al menos, el 135% de la cantidad que aportemos”.

El resto del texto contempla, entre otras cuestiones, según enumeró Caballero, usar el superávit de 2019, suprimir la regla de gasto para 2019, prorrogar el superávit de 2018; mantener las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018 (que ascienden a 600 millones favorables a los ayuntamientos); añadir 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliables hasta los 400 millones; y la garantía de que las corporaciones locales recibirán fondos europeos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló el pasado martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que “no hay alternativa” a esta propuesta, ya que es “el único instrumento que hemos encontrado para permitir que los ayuntamientos tengan un papel protagonista en la reconstrucción durante este segundo trimestre”.

En este sentido, Montero afirmó que se trata de una propuesta “sensata, realista, pragmática e ilusionante” que permitiría a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de superávit sin incurrir en déficit, siendo el Gobierno central quien asumiría dicho saldo negativo, y así poder sortear el “especial blindaje para que no incurra en déficit este nivel territorial de entidades locales” que, recordó, recogen tanto la Ley de Estabilidad como la Constitución Española.

Por su parte, Caballero, valoró que la propuesta formulada por el Gobierno es “la mayor concesión que se ha hecho a la FEMP en la historia de la democracia” y que, con la entrega de los remanentes “no estamos prestando nada al Gobierno de España; es la forma técnica de soslayar una ley nefasta para los ayuntamientos”.

La propuesta de Hacienda no ha contado hasta el momento con el beneplácito del resto de formaciones políticas, incluyendo a los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que consideró “insuficiente” la propuesta inicial.

En concreto, el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la FEMP mostró su rechazó a la propuesta argumentando que "no soluciona los problemas de financiación que arrastran los ayuntamientos desde hace ya demasiado tiempo", puesto que es necesario "que los ayuntamientos dispongamos de todo el superávit, al tiempo que se aporten soluciones para aquellos municipios que no cuentan con él".

Asimismo, Unidas Podemos reclama la flexibilización de la regla de gasto y la derogación de la conocida como ‘Ley Montoro’, y señala que la propuesta del Gobierno contradice el acuerdo de coalición con el PSOE, que prometía ampliar las competencias de los gobiernos locales.

La junta de gobierno de la FEMP está formada por 25 miembros, de los cuales 12 pertenecen al PSOE (los alcaldes y alcaldesas de Vigo, Toledo, Pineda de Mar, Huelva, Calahorra, Gijón, Lorquí, Castellón, San Andrés y Sauces, Valladolid, Mérida y Zumárraga); 10 al PP (Estepona, Diputación de Palencia, Zaragoza, Murcia, Diputación de Ourense, Alicante, Teruel, Almería, Santander y Pozuelo de Alarcón), y uno a IU-Unidas Podemos (Rivas Vaciamadrid), Junts per Catalunya (Canyelles) y Ciudadanos (Granada). De esta forma, en caso de que todos los miembros del PSOE estuvieran a favor de la propuesta, haría falta que sumaran un voto más para que salga adelante.