Según informó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Consejo Gestor es el órgano competente para resolver las solicitudes de ayuda por parte de las empresas y elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones.

La reunión estuvo encabezada por el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora, y en ella participaron la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente.

El fondo de apoyo a la solvencia de las empresas nace adscrito al Ministerio de Hacienda. Está dotado inicialmente con 10.000 millones de euros y ayudará a compensar el impacto de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes consideradas estratégicas.

Este fondo se ajusta a la normativa de ayudas de Estado de la UE y se enmarca en la estrategia europea de medidas de respaldo económico público frente al Covid-19.

La financiación de operaciones con cargo al fondo se configura como una intervención de último recurso una vez constatada la imposibilidad del beneficiario de mantener su actividad en ausencia de apoyo público y cumpliendo una serie de requisitos como no encontrarse en crisis a 31 de diciembre de 2019, demostrar su viabilidad a medio y largo plazo presentando un plan para superar la situación y no haber sido condenado mediante sentencia en firme de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraudes.

Las operaciones podrán tomar forma de cualesquiera instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital y de, manera complementaria, también podrá materializarse el apoyo a través de otras facilidades crediticias. El importe mínimo de ayuda es de 25 millones y el máximo será el necesario para restaurar la viabilidad de la compañía.

Las empresas que se acojan a las ayudas públicas de este fondo están sujetas a restricciones como la prohibición de distribuir dividendos, realizar una expansión comercial “agresiva” financiada por las ayudas públicas, no podrán adquirir participaciones superiores al 10% de otras empresas ni pagar remuneración variable a su consejo de administración a menos que se haya reembolsado el 75% del apoyo público.

En un plazo de tres meses desde la realización de la operación con cargo al fondo, el Estado hará pública la información identificando el beneficiario y la ayuda concedida.