En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, defendió una mayor "coordinación entre instituciones para luchar contra este delito" y subrayó la inportancia de colaborar con las asociaciones de atención a las víctimas como Apramp, que ayuda a mejorar la identificación de estas personas y su derivación a los recursos adecuados.

También anunció que el nuevo Plan Nacional contra la Trata "está muy avanzado" y reiteró el compromiso del Gobierno con la Ley Integral contra la Trata.

Marlaska señaló además que hoy, 30 de julio, es el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha designada en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas para “concienciar sobre la situación de las víctimas de trata y promocionar y proteger sus derechos”.

En el encuentro, Grande-Marlaska pudo conocer de primera mano el testimonio de varias de las mujeres acogidas por Apramp y que ahora participan en los proyectos de la asociación. "He podido conocer el trabajo de estas supervivientes, declaró, que "tuvieron la fuerza para sobreponerse a su tragedia y recuperar su vida".

Su labor ahora es "hacer de mediadoras" y resaltó la importancia de este trabajo, de manera muy especial durante el estado de alarma. Algo en lo que coincidió la presidenta de Apramp, Rocío Nieto, quien reclamó "más cooperación entre todas las autoridades para proteger, identificar, atender y también perseguir a los agresores".

BALANCE DE 2019

En 2019, las Fuerzas de Seguridad del Estado liberaron a 418 mujeres víctimas de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La labor policial permitió impulsar 533 investigaciones que se saldaron con la detención de 1.030 presuntos miembros de estas organizaciones criminales.

Con todo, la explotación sexual no es el único objetivo perseguido por las redes de trata de personas. El pasado año, 428 personas fueron rescatadas de las tramas que las habían traído a España con fines de explotación laboral.

A estas cifras hay que añadir el resto de la actividad policial contra los grupos organizados que fuerzan el traslado a España de personas para cometer delitos o ejercer la mendicidad, así como de niñas obligadas a contraer un matrimonio forzado aceptado por ciertas culturas o religiones.