La ministra, que estuvo acompañada del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, y de la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, emplazó a las formaciones políticas que no forman parte del Pacto adherirse al mismo y a nombrar a los representantes de todos los partidos en la Comisión de Seguimiento, que se volverá a reunir en septiembre, tras diez años de inactividad.

El Gobierno y las formaciones políticas retoman así la actividad del Pacto Antitransfuguismo, sin reunirse desde 2010, al considerar necesario el Acuerdo sobre un Código de Conducta política en relación con el transfuguismo.

En la reunión, que duró hora y media aproximadamente, intervinieron 18 formaciones políticas, con representación parlamentaria, asistiendo de forma presencial: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), Enrique Santiago (Unidas Podemos), José María Espejo (Ciudadanos), Mª Carmen Moriyón (Foro Asturias) y José María Mazón (PAR).

Por vía telemática lo hicieron Marc Sanglas (ERC), Francisco Aranda (PSC), Elena Fort (JxCat), Aitor Esteban (PNV), Emilia Sánchez Pantoja (Más País-Equo), Joan Baldoví (Compromís), Eva María Villaverde (BNG), Socorro Beato (CC), Tomás Guitarte (Teruel Existe), Pilar González Modino (Adelante Andalucía), Koldo Martínez (Geroa Bai), Arturo Aliaga (PAR), Adasat Reyes (Asociación Socialista de La Gomera).

RELANZAMIENTO DEL PACTO

Darias declaró al término de la reunión que, de forma unánime, todos los asistentes han expresado su voluntad de que en septiembre se reúna la Comisión de Seguimiento. Todas las formaciones políticas, las ya adheridas al Pacto y las nuevas, han quedado emplazadas para enviar al Ministerio los nombres de sus representantes y el 14 de septiembre remitir sus propuestas para actualizar y mejorar el Acuerdo.

El 21 de septiembre, destacó la ministra, se volverá a reunir en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, después de diez años de inactividad, “en un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por la transparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones”.

Todos los asistentes a la reunión, asimismo, se emplazaron para alcanzar ese mismo día un acuerdo por consenso para nombrar a las personas, entre juristas y profesionales de reconocido prestigio, que integrarán la nueva comisión de expertos, según informa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

ANTECEDENTES DEL PACTO

El Pacto Antitransfuguismo surgió en 1998, con el consenso de la mayoría de partidos políticos de entonces, para frenar el transfuguismo en las corporaciones locales y consensuando medidas contra los ‘tránsfugas’. En años posteriores, el Pacto fue desarrollándose e incorporando nuevas medidas en defensa de la gobernabilidad de las entidades locales.

Este pacto establece que, ante las dificultades para la gobernabilidad de muchas entidades locales, los partidos firmantes acuerdan un “código de conducta” para rechazar a los tránsfugas e impedir su utilización para hacer caer gobiernos locales; impedir a los tránsfugas la incorporación al grupo mixto y crear la figura del no adscrito, lo que impide su acceso a recursos económicos y materiales; expulsar al tránsfuga del partido; reformar la Ley electoral para impedir la participación de los tránsfugas en las mociones de censura; constitución de una comisión de seguimiento.

Hace 22 años, firmaron el Pacto PP, PSOE, IU, CDC, UDC, PNV, CC, Iniciativa per Catalunya, BNG, ERC, EA, UV y PAR. En la renovación del Acuerdo, el 26 de septiembre de 2.000, los firmantes se felicitan de la contención del fenómeno del transfuguismo y reconocen las dificultades jurídicas para ponerle coto y reiteran que sólo la “lealtad recíproca” de los partidos puede acabar con el transfuguismo.

El 23 mayo de 2006 se introducen nuevos elementos, además de desarrollar de forma más extensa alguno de los puntos del acuerdo original. Se crea una Comisión de Expertos Independientes, de cinco miembros con mandato de cuatro años; se dota de contenido a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (que debe reunirse dos veces al año y pronunciarse sobre si existe transfuguismo en las mociones de censura); obliga a los partidos a no aceptar tránsfugas en los gobiernos locales y a no nombrarlos en entidades financieras, fundaciones o cajas; extender el acuerdo a las asambleas autonómicas y al Congreso y Senado.