Según informó la institución este miércoles, en concreto, cree necesario incentivar el acogimiento familiar y el número de familias acogedoras, aumentando las cuantías de las ayudas y prestaciones, y dando más y mejor apoyo, con programas de refuerzo psicológico y psicopedagógico, así como formación constante.

Además, el Defensor ha reclamado una mejora en la calidad de los seguimientos y las visitas domiciliarias periódicas a las familias acogedoras.

Otra de las recomendaciones formuladas persigue que las comunidades autónomas reduzcan el tiempo de valoración de idoneidad de las familias o personas que se ofrecen para el acogimiento familiar de menores en sus distintas tipologías.

Asimismo, la institución ha pedido medidas para aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y avanzar en el desarrollo del acogimiento profesionalizado.

También ha recordado, a través de sus resoluciones, la obligación legal (artículo 12.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) de resolver en los plazos establecidos y revisar cualquier medida de protección no permanente cada tres meses en casos de menores de tres años y cada seis meses respecto a los mayores de esa edad.

ACTUACIÓN DE OFICIO

El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial. A pesar de que hay compromiso institucional con el acogimiento familiar y el sistema de protección avanza lentamente en esa dirección, la Institución ya advirtió en su último informe anual que el cambio del modelo no se ha conseguido más de treinta años después de la introducción de la figura en el Código Civil en los años ochenta.

En este contexto, y tras analizar en 2018 la situación de este asunto en la Comunidad de Madrid, el año pasado el Defensor inició una actuación de oficio con las demás comunidades autónomas para conocer qué medidas aplican para priorizar e incentivar los acogimientos familiares, aumentar la captación y selección de familias de acogida, así como para mejorar la formación y el apoyo.

Del conjunto de la información recibida, se puede extraer que el número de familias acogedoras es insuficiente para el número de menores en situación de acogida y que existen mayores dificultades para encontrar familias en los casos de mayores de 7 años, grupos de hermanos o menores con necesidades. Además, las cuantías de las prestaciones y ayudas que reciben las familias acogedoras son escasas, y eso hace que el sistema dependa casi en exclusiva del altruismo de las familias oferentes, el cual, a juicio del Defensor, es imprescindible pero no suficiente, si se quiere que el acogimiento familiar sustituya al residencial.