En un estudio publicado este lunes por Fedea en el que se revisa la política de infraestructuras, la organización señala que, pese a que la dotación española está por encima de la media europea en muchos casos, el mantenimiento “se ha descuidado a la vez que se realizaban grandes inversiones en obras de dudosa rentabilidad social”.

Fedea considera que el “problema inmediato” a solventar es reponer y modernizar activos y mantener el conjunto de instalaciones de alto coste.

La fundación propone “evitar nuevas ineficiencias y cargas a los contribuyentes” modificando el ciclo completo de intervención de los gobiernos, reforzar la planificación y separar las tareas de evaluación económica del ámbito político a la hora de seleccionar proyectos.

Para ello, plantea la creación de una agencia técnica independiente de evaluación del coste-beneficio de los proyectos y establecer la obligatoriedad de aprobar solo aquellos que superen un umbral mínimo de rentabilidad social.

También propone crear tarifas y peajes que incluyan tanto los costes directos como las externalidades que generan.

En este sentido, plantea que para financiar el mantenimiento de la red viaria se establezcan distintos peajes. Uno cubriría el mantenimiento por el daño causado por el vehículo, otro peaje incluiría el resto de costes de mantenimiento y operación que no dependen del vehículo y cuya cuantía sería “muy baja”, y un tercer peaje sería “puntual” para financiar la congestión en las zonas y franjas horarias en las que se requiera.

“La ventaja de este sistema de tarificación frente a los mal llamados ‘peajes en la sombra’ o pagos por disponibilidad reside en que los usuarios encaran los verdaderos costes de utilizar la red viaria, con lo que se incentiva su uso cuando los beneficios percibidos por el usuario superan a tales costes y se desincentiva en caso contrario”, según el informe.

Fedea argumenta que la utilización de peajes permite evitar la introducción de impuestos directos e indirectos que generan distorsiones adicionales.

Del mismo modo, considera que se debe modificar “en profundidad” el actual sistema de colaboración público-privada, con un reparto más eficiente de los riesgos entre el Estado y las empresas concesionarias, que permita seleccionar los mejores proyectos y minimizar costes.

En el caso de las autopistas, Fedea apunta que “no tiene sentido cargar el riesgo de demanda sobre el concesionario ya que el volumen de tráfico es prácticamente independiente de sus acciones” y defiende que las concesiones se otorguen por un plazo variable y no fijo.