Las presuntas infracciones penales tienen que ver con la adjudicación supuestamente irregular de varios contratos a la empresa de un amigo de Borràs mientras era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El juez instructor la había citado el pasado 14 de febrero para que prestara declaración de manera voluntaria, pero Borràs se negó a acudir argumentando que hacerlo sería tanto como “validar” la existencia de irregularidades, por lo que el Supremo tuvo que solicitar el suplicatorio al Congreso, que lo concedió el pasado 25 de junio.

La Sala II del Tribunal Supremo acordó abrir procedimiento penal a la diputada y portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya el pasado 7 de diciembre para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

La exposición razonada del juez barcelonés apuntaba la existencia de indicios delictivos, por lo que la condición de aforada de Borràs le obligaba a inhibirse en favor del Supremo para que investigara si los hechos “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, el empresario supuestamente beneficiado de los contratos presuntamente amañados, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

Según ese escrito, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros.

Durante estos meses, Borràs ha defendido que esta causa se abre en su contra para menoscabar al independentismo. Según han indicado fuentes de su formación, la portavoz podría estar barajando abandonar el Congreso para incluirse como número dos en la candidatura de Carles Puigdemont a la Generalitat de Cataluña.

De concretarse esta circunstancia, dejaría de ser aforada y la causa pasaría de manos de un juez ordinario, lo que retrasaría la instrucción, que podría alargarse aún más en caso de resultar electa y ser nombrada presidenta de la Generalitat (ya que Puigdemont no podría tomar posesión), lo que motivaría el traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.