A través de un llamamiento, Fernández Marugán recalcó que la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.

El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba parado por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, "esto ha servido para visibilizar la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables".

Fernández Marugán cita como ejemplos de estas situaciones de degradación los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.

El Defensor denuncia que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión del Covid-19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.

Fernández Marugán lamentado que ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas y recuerda que España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea y que en el país 100.000 personas obtienen su sustento en este sector, muchas de ellas extranjeros extracomunitarios que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida.