En esta iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, el partido de Pablo Casado resalta que los servicios sociales constituyen uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar e incide en que “para que puedan llegar a todos los que precisan ayudas en condiciones de calidad e igualdad es preciso el correspondiente respaldo presupuestario”.

“La actualización y la adecuación de la financiación a las necesidades reales han sido y son cuestiones prioritarias para el Grupo Parlamentario Popular y es en este punto donde falla la aplicación del marco de colaboración y cooperación existente entre el Estado y las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito de la financiación de la dependencia”, señala el PP en la exposición de motivos.

El Grupo Popular recuerda que la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se establecía que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia debía repartirse al 50% entre las regiones y el Estado.

No obstante, el PP recalca que desde las comunidades y desde entidades como la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se señala la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la ley para “evitar el sobreesfuerzo que realizan las comunidades autónomas para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia”.

En este sentido, el PP se remite a octubre de 2017, cuando se convocó al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una vez que la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia concluyó sus trabajos. Entonces, rememora el Grupo Popular, uno de los compromisos adquiridos fue el reconocimiento a la necesidad de mejorar la financiación.

Explica que con su Gobierno se presentó un proyecto de real decreto por el que se incrementaron las cuantías del nivel mínimo de protección que abona el Estado a las comunidades cada mes por dependiente atendido, aumentándolas en más de un 5% cada mes desde 2018. En este punto, considera que esta medida “hubiera paliado el referido déficit crónico de la financiación de las comunidades autónomas”.

Sin embargo, el PP dice que, “lamentablemente, el Gobierno del PSOE congeló la tramitación de este real decreto desde junio de 2018” y lamenta que “esta realidad supone la persistencia del déficit de financiación sin que en los últimos meses se haya apreciado voluntad alguna por parte del Gobierno de incrementar los recursos destinados a las comunidades para la dependencia, como bien lo prueba que en la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ni siquiera se incluyó este asunto”.

Desde estos planteamientos, el PP busca que el Congreso inste al Gobierno a “abordar urgentemente y de forma monográfica en el Consejo Territorial de Servicios sociales las necesidades de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”. Como resultado de ese Pleno y de los trabajos que se emprendan de forma “consensuada y en total coordinación” con las comunidades, el PP pide la elaboración de un documento que precise “las necesidades existentes”.

Posteriormente, el PP propone elevar dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera para tomar “las medidas oportunas para que la financiación autonómica contemple una dotación económica adecuada con la que dar cobertura a las necesidades y reales y dinámicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”.