Garralda efectuó la llamada de atención durante la Junta de mutualistas que hoy celebraba el grupo y donde advirtió de que las dudas sobre la capacidad de España para recuperarse del “duro golpe” que ha supuesto la grave crisis sanitaria “se ven agravadas por las incertidumbres políticas y la falta de consenso en materias fundamentales, como puede ser la anunciada mayor presión fiscal”.

“Todos ellos son factores que, tarde o temprano, pueden terminar afectando a las inversiones empresariales”, avisó. A su juicio, es “muy necesario”, por lo tanto, que, “en aras del bien común”, los partidos políticos “intenten y consigan alcanzar acuerdos de estabilidad que permitan a España mitigar los efectos de estas incertidumbres y encarar la recuperación con seguridad y optimismo”.

Si bien reconoció que se necesitan recursos para apoyar a los sectores más perjudicados por la crisis, censuró la vía de aumentar los impuestos. “No creo que el camino correcto sea aumentar en este momento la presión fiscal con el fin de lograr los recursos necesarios para ayudar a los sectores en crisis”, sostuvo.

Garralda consideró “más conveniente” buscar dichos recursos con la lucha contra el fraude fiscal y del afloramiento de la economía sumergida, “que en nuestro país tiene todavía un peso demasiado importante”.

Durante su intervención fue más allá y urgió a acometer las reformas pendientes educación y pensiones, al ser a su juicio “imprescindibles” para “garantizarnos un desarrollo estable y para mantener nuestro estado de bienestar”. Con la reforma educativa debería permitirse a los jóvenes “encarar el futuro con mayores posibilidades de éxito, rebajando así la inaceptable tasa de paro juvenil”, explicó.

En cuanto a las pensiones juzgó de “sumamente irresponsable no reconocer la gravedad y dimensión del problema”, cuando las estadísticas y estudios demográficos “evidencian que el actual sistema no es sostenible”, dado que está configurado y dirigido a cubrir una esperanza de vida menor a la prevista para los próximos años.

Para ilustrar su aviso indicó que el número de pensionistas pasará de los 10 millones actuales a casi 15 millones en 2050 y para mantener sus prestaciones se necesitarían 28,5 millones de cotizantes, que “difícilmente los habrá”. “Si el sistema de pensiones no se adapta a los cambios económicos, sociales y demográficos que experimenta la población española, la única solución para financiarlo sería seguir incrementando el gasto público indefinidamente, lo cual no es sostenible”, concluyó.

Para el presidente del grupo Mutua el problema requiere adaptar el sistema de pensiones a los cambios que experimenta la población española mediante una reforma estructural “y no basada en medidas puntuales que, más pronto o más tarde, se verá que son insuficientes”.