Después de dos intentos fallidos en 2011 y 2019 para su promulgación, España se ha comprometido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobarla lo antes posible, pero las entidades temen que la tramitación “vuelva a paralizarse”.

A su juicio, la ley es “imprescindible para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades sin discriminación alguna”, por lo que, mientras no se apruebe “España estará en deuda con la igualdad”.

Además, reclamaron que la ley establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas de la xenofobia, el antigitanismo o el racismo y que cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento, así como monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

Aunque las ONG reconocen que el Código Penal ha incorporado “muchas mejoras” en los últimos años para combatir delitos de odio, “las discriminaciones más habituales y cotidianas que enfrentan las personas pertenecientes a colectivos no mayoritarios siguen sin ser contempladas en la normativa vigente”.

Por tanto, han iniciado la campaña ‘#Deudaconlaigualdad’ para incidir en la necesidad de su aprobación.