En un extenso informe remitido al Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council), el experto de la ONU señala que sólo unos pocos países como Ecuador y Malta consideran esta práctica como "criminal”, mientras que en otros como Canadá, España o Estados Unidos sólo han ilegalizado estas terapias a nivel local o autonómico.

En España, estas terapias han sido promovidas desde la propia Iglesia, como por el Obispado de Alcalá de Henares, y por grupos de extrema derecha o autodenominados ‘coachs’ como Elena Lorenzo, sobre quien pesan sanciones por desarrollar este tipo de pseudoterapias en contra de la ley madrileña de protección al colectivo LGTB.

“La aproximación más acertada es prohibir todas estas prácticas de conversión, incluyendo las basadas en la Fe de las organizaciones”, señala el informe, que recoge varios casos de terapias impulsadas por las propias comunidades religiosas.

Como ejemplo de la persecución legal a estas pseudoterapias, el informe señala el caso de Edmonton, en Canadá, donde se prohíbe por ley “cualquier negocio” y “ofrecimiento” de medicaciones o técnicas con el objetivo de “cambiar la orientación sexual de las personas, su identidad o expresión de género o sus preferencias sexuales”.

En este sentido, cita que España ha elaborado normativas similares pero sólo a nivel regional, como en la Comunidad de Madrid. También señala que en Aragón o Valencia también hay legislaciones en esta línea que prohíben estas terapias, pero sólo si es “sin consentimiento” de la víctima.

Para el experto de Naciones Unidas, estas prácticas “se centran exclusivamente en las personas LGTB” y tienen la “intención” de “interferir en su integridad personal y autonomía” como individuos por su “orientación sexual o identidad de género”.

“Les están denigrando y discriminando” por una “creencia” de que “las personas LGTB son, de alguna manera, inferiores y que deben a toda costa modificar su orientación sexual o identidad para remediar esa supuesta inferioridad”, concluyó.