En un comunicado, CSIF informó de su participación en la reunión de seguimiento de los acuerdos de estabilización de empleo y mejora de las condiciones laborales firmados en 2017 y 2018.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, trasladó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, su voluntad de alcanzar un acuerdo de legislatura en el que se pueda empezar a trabajar en septiembre y que “ponga en valor la profesionalidad del conjunto de empleados públicos”, según Borra.

Para dicho acuerdo, el sindicato reivindicará, entre otras peticiones, recuperar la estructura salarial previa a 2010 que equipare las retribuciones entre administraciones, un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas, establecer la jornada laboral de 35 horas semanales en todas las administraciones públicas, reconocer el Covid como enfermedad profesional y la jubilación parcial y anticipada para determinados colectivos.

El sindicato destacó que la temporalidad, que según los acuerdos firmados debería situarse en el 8% este año, se encuentra en el 27,8% y el 64% de las ofertas de empleo público aprobadas desde 2017 están sin ejecutar.

Por su parte, UGT también incidió en la temporalidad del empleo público y cifró en 74.545 los efectivos que se han incorporado durante la vigencia de los acuerdos firmados, principalmente en las comunidades autónomas y las entidades locales, mientras que la Administración General del Estado (AGE) ha disminuido su personal en 9.299 efectivos.

Indicó que el aumento de empleo que se han perdido más de 60.000 puestos fijos y se ha incrementado el empleo temporal e interino en 118.862 plazas, lo que supone pasar de una temporalidad del 16,67% al 20,77%, cuatro puntos más que cuando se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en 2017.

UGT propone agilizar las convocatorias para culminar los procesos de estabilización, eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar las situaciones de abuso de la temporalidad.