En el texto registrado en el Congreso, y que firman portavoces de Unidas Podemos, ERC, Junts, BNG, Más País, CUP, Compromís y EH Bildu, se defiende que “ante esta situación extraordinaria”, es “urgente” que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales, tomen “medidas integrales e inclusivas que reconozcan y garanticen la protección promoción y el acceso de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción”.

Por ello, en la proposición no de ley que esperan salga adelante en la Cámara Baja, se busca instar al Gobierno a establecer un “proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular proveyendo electrón amiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación”.

Se reclama la concesión de “las autorizaciones que se hubieren solicitado en aplicación de la normativa de extranjería en vigor en el momento de la solicitud hasta la declaración del estado de alarma”. En el caso de las solicitudes de residencia que no contemplaran un permiso de trabajo, la iniciativa parlamentaria pide que se conceda “de todos modos, incluso a partir de los 16 años con autorización del representante legal o de familiar del menor”.

Además, estos partidos reclaman al Gobierno un periodo de 30 días para resolver la admisión a trámite y acceso programa de acogida y refugio. Así como flexibilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia; y conceder los permisos de residencia y trabajo a las personas menores de 16 a 18 años residentes en España pero que no son tuteladas por la administración.

También exigen la concesión del permiso de residencia y trabajo a las personas jóvenes que, aunque siendo menores tuvieron la protección de la administración salieran del centro sin el permiso de residencia y a las que aún, saliendo con permiso de residencia no lo pudieron renovar por motivos.

En la proposición no de ley, instan al Ejecutivo a trasladar “urgentemente” a las personas que se encuentran en los centros de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y Melilla para garantizar su salud así como sus derechos. Y a “garantizar que las personas que se encuentran en los recursos de emergencia en Canarias sean trasladadas a la península a fin de poder continuar con su tránsito migratorio”.

La proposición no de ley aboga por “establecer un tiempo máximo de estancia en cualquiera de estos centros de 15 días garantizando que está se ve en condiciones dignas”.

Así como por “poner fin a las devoluciones en caliente y express tanto terrestres de las personas que llegan a Ceuta y Melilla como marítimas y de rogar a la mayor brevedad posible la disposición adicional décima de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social introducir en la disposición final 1.1 de la ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo”.