Así lo precisó el departamento de Garzón a través de un comunicado emitido después del encuentro del Consejo Informal de ministros de Consumo que se celebra bajo la presidencia croata de la Unión Europea y en el que los mandatarios han analizado la Nueva Agenda de Consumo para los próximos años.

En relación al consumo sostenible, el titular del ramo señaló que será un “concepto fundamental” en la nueva Estrategia de Economía Circular así como una “apuesta por la cooperación y trabajo conjunto con los productores locales, el impulso al consumo responsable y la información cada vez más clara y accesible a los consumidores”.

A su juicio, el consumo sostenible debe acompañarse de una estrategia de reducción de “plásticos de un solo uso” y con medidas para luchar contra la “obsolescencia programada” de los productos. “En suma, la transición ecológica ha de venir de la mano del fomento de prácticas de consumo sostenible”, advirtió, al tiempo que insistió en el interés de España en adoptar medidas en relación al etiquetado nutricional frontal e informó de que trabajará para “impulsar” la adopción de una “posición común” en toda la UE.

Con respecto a la transición digital y la protección de los consumidores en entornos tecnológicos, abogó por llevar a cabo un cambio económico estructural en España, consciente de que el país cuenta con una estructura productiva “de bajo valor tecnológico y necesita actualizarla a actividades de alta tecnología”.

Para Garzón, la transición digital es parte de este proceso y confesó que le “preocupan las diferencias entre las empresas de alta tecnología, las que no lo son y los derechos de los consumidores”.

PANDEMIA

Los ministros aprovecharon el encuentro para analizar conjuntamente el impacto del coronavirus sobre los derechos de los consumidores y, en este sentido, Garzón repasó las medidas puestas en marcha por el Gobierno durante la crisis, destacando los “esfuerzos” para garantizar los derechos de los consumidores afectados por el confinamiento y las restricciones de movilidad.

Asimismo, compartió con sus socios europeos las actuaciones impulsadas desde su Ministerio para regular y evitar subidas especulativas de precio en productos necesarios para mantener la salud pública y también se refirió a las medidas desarrolladas por el Ejecutivo en el marco del “escudo social” puesto en marcha para proteger a los consumidores “vulnerables”.

En este punto, subrayó las garantías de suministro de servicios básicos como agua, luz o energía o la moratoria del pago de hipotecas y créditos al consumo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad e hizo hincapié en la necesidad de “profundizar” en el consenso e impulso de políticas comunes que permitan “avanzar” a nivel europeo en la protección de los consumidores y sus derechos.