Así lo demandaron a través de un comunicado emitido después del desplome de una vivienda en Elda (Alicante) por el sobrepeso de una piscina de plástico instalada en la terraza y en el que la vicepresidenta de CECU, Ana Etchenique, puntualizó que, según la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, los productos deben ser seguros, pero el consumidor “debe contribuir haciendo un uso responsable de los mismos”.

A este respecto, advirtió de que la colocación “indebida” en lugares “no aptos” puede dejar “sin efecto” los seguros contratados al no cubrir este tipo de contingencias al tiempo que consideró que el etiquetado e instrucciones de uso de estos productos “debería advertir con mayor énfasis” del peligro que supone su colocación “sin control o asesoramiento técnico previo”.

Para evitar posibles daños en las estructuras de los edificios y salvaguardar la seguridad de las personas, antes de adquirir una piscina, estas organizaciones profesionales estiman “recomendable” contactar con un profesional que garantice la “viabilidad” de la instalación y el volumen de agua que puede soportar.

“Someter a un elemento de la estructura formando parte de un patio, cubierta, terraza o balcón al sobrepeso de una piscina, puede llevar a la fatiga de los materiales que la conforman y al colapso con graves consecuencias materiales y personales”, abundaron.

En este sentido, el secretario general del Cscae, Laureano Matas, celebró que no hubiera que lamentar víctimas en el suceso de Elda, pero instó a “no olvidar” que cada edificio “está calculado para unos usos”. “Si introducimos elementos que alteren su estructura, esta se puede ver seriamente amenazada, como ha ocurrido en Elda”, explicó, para, a continuación, insistir en que el asesoramiento de un profesional “evita riesgos innecesarios”,

Tras detectar un aumento de la venta de piscinas hinchables y prefabricadas a las puertas de un verano “atípico”, el Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe), el Cscae y el Cgate llamaron la atención sobre los riesgos de su instalación en terrazas, balcones y azoteas “sin el criterio técnico necesario”.

“Esto confirma nuestras advertencias y pone de manifiesto la necesidad de comprobar y evaluar el estado real de las edificaciones y los usos no permitidos”, manifestó el presidente de Cgate, Alfredo Sanz, quien se congratuló de que no haya que lamentar víctimas en este caso e instó a “no esperar al siguiente”.