Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de las universidades públicas y a los consejos y patronatos de las universidades privadas- en España, la sociedad y su sector productivo “han pecado de omisión y falta de compromiso con la gobernanza, la modernización y la excelencia de su Educación Superior”. Así lo ha afirmado el presidente de la Conferencia, Antonio Abril Abadín, durante su intervención en la cumbre empresarial que organiza CEOE.

El presidente de la Conferencia ha insistido en que “el talento de nuestras personas es el verdadero motor de nuestro desarrollo económico; la Universidad mediante su formación y la Empresa a través de su organización, tienen objetivos concurrentes y su colaboración es imprescindible para conseguir la competitividad de la economía que es la clave de nuestro bienestar social”. En este entorno, ha recordado que “el actual desajuste entre la oferta de titulaciones universitarias y la demanda de perfiles profesionales por un sector productivo que, además, crea pocos puestos de trabajo de alta cualificación, genera un paro y un infraempleo de egresados universitarios inaceptable”.

Para superar este entorno de carencias, la organización define en su plan estratégico cinco objetivos básicos: sensibilizar a la sociedad española sobre la trascendencia de la educación en general y de la Universidad en particular; impulsar la reforma estructural del modelo de gobernanza universitaria; incrementar la financiación pública y privada de las universidades; intensificar la tercera misión universitaria -la transferencia de los resultados del conocimiento y de la investigación a la sociedad- y mejorar la internacionalización de la institución.

Desde la Conferencia se sigue pidiendo que esta legislatura dé respuesta a la petición presentada en el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre de 2018 por CRUE, Conferencia de Consejos Sociales, Cámara de Comercio de España, organizaciones empresariales y sindicales y representantes de estudiantes "para abrir un proceso conducente a la elaboración y aprobación de una nueva ley de universidades que cuente con amplio consenso parlamentario y participación activa de todos los agentes implicados".