En concreto, entre los meses de enero a marzo se resolvieron 26.123 peticiones. Durante el estado de alarma decretado para frenar el Covid-19 no se han podido elevar expedientes para su resolución, según informó este sábado el Ministerio del Interior coincidiendo con el Día Mundial de los Refugiados, que se celebra cada 20 de junio.

Con la reactivación de su actividad, la OAR ha resuelto 16.563 peticiones de protección internacional en junio, con lo que la cifra total asciende a 42.681. Está previsto que en julio se puedan resolver un número similar de solicitudes a las de junio, un ritmo que se mantendrá previsiblemente en cifras similares a lo largo de lo que queda de año.

Estos datos se suman a los de 2019, cuando se resolvieron 62.641 solicitudes de protección internacional, frente a 12.889 peticiones tramitadas en 2018.

Por otro lado, España se ha convertido este año en el primer país de la UE en número de solicitudes de protección internacional. Hasta el pasado 9 de junio se registraron 38.379 peticiones, frente a las 37.274 de Alemania o las 29.657 de Francia.

En los últimos años España ha experimentado un aumento de las solicitudes de protección internacional. Mientras que en 2012 fueron 2.588, en 2018 ascendieron a 55.749 y en 2019 llegaron a 118.264 (datos estos últimos pendientes de consolidar).

La Oficina de Asilo y Refugio, que ha seguido trabajando y tramitando durante el estado de alarma, retomó este mes de junio su plena actividad tras los meses en los que el procedimiento de resolución de los expedientes de protección internacional estuvo suspendiendo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en julio de 2018 que reformaría la OAR al constatar que ésta se encontraba sin los recursos humanos y técnicos suficientes para gestionar un número de solicitudes que se había multiplicado por 12 desde su creación, en 1992.

El Gobierno aprobó entonces una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas para reforzar la OAR, lo que suponía multiplicar por cinco su plantilla, al pasar de los 60 puestos de trabajo con los que contaba en julio de 2018 a los 291 empleados públicos con los que contará cuando se complete el proceso.