Así lo solicitó la organización en una carta dirigida al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministerio de Educación y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en la que les instó a poner en marcha un plan para reducir las desigualdades de aprendizaje en la infancia “más vulnerable” durante los meses de verano.

Tras advertir de que la pandemia ha aumentado la brecha educativa y de que el periodo estival puede suponer un “incremento de la inequidad educativa si no se toman medidas urgentes”, Save the Children recordó que hasta 2019 existió el Programa para la Garantía de los Derechos a la Alimentación, Ocio y Cultura de los Menores durante las Vacaciones Escolares (VECA), puesto en marcha por el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil y que la entidad considera “fundamental recuperar este año", si bien "con más recursos y más contenido educativo”.

Entre las propuestas que ha hecho llegar a la FEMP y a los ministerios de Derechos Sociales y de Educación está también aumentar la oferta de actividades socioeducativas de verano, en forma de campamentos, colonias urbanas o programas combinados de refuerzo educativo, deporte y ocio, así como abrir los centros educativos para facilitar su realización.

También llama a priorizar el acceso gratuito de niños y adolescentes en situación desfavorecida, con reservas de plazas y becas e insiste en la importancia de movilizar recursos económicos para comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos con el fin de que, junto a las entidades sociales, ONG, AMPA y asociaciones juveniles, puedan asegurar una oferta “suficiente y accesible” de las actividades de verano.

“En el verano se agrandan las desigualdades de aprendizaje en función del nivel socioeconómico de las familias, por el desigual acceso a actividades educativas, deportivas y culturales, fuera y dentro de casa”, señaló la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, quien alertó de que este año el impacto “será mucho mayor” por el “grave impacto” de los efectos de la pandemia y el confinamiento.

A su juicio, los niños más desfavorecidos “van a tener seis meses de desvinculación que suponen un mayor riesgo de fracaso, absentismo y abandono escolar”, añadió, al tiempo que denunció que la Comunidad de Madrid, las diputaciones forales de Euskadi o los ayuntamientos de Valencia y Vitoria han cancelado sus campamentos.

No obstante, también destacó positivamente la decisión de los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla y Bilbao de mantener la oferta y priorizar a las familias vulnerables y resaltó ejemplos como el programa de refuerzo estival en centros educativos de la Junta de Andalucía o las subvenciones para actividades de verano de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña.