Por ello, HRW reclamó al Gobierno egipcio que ordene a la policía militar, los oficiales del Ejército y los agentes de la seguridad del Estado que cese la detención arbitraria de personas y garanticen la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estas detenciones ilegales y, en su caso, de las torturas y malos tratos.

En los casos documentados por HRW, los detenidos, que han sido puestos en libertad, afirmaron haber estado incomunicados, sin acceso a un abogado y sin poder haber informado a sus familiares sobre su situación.

El director adjunto de la División de Oriente medio y Norte de África de HRW, Joe Stork, subrayó que detrás de estas detenciones está "la intención de intimidar a los informadores y socavar el apoyo a la protesta de Tahrir (céntrica plaza de El Cairo)".

"Estas detenciones y denuncias de malos tratos en detención son exactamente el tipo de prácticas que provocaron las primeras manifestaciones", abundó.

Desde que la policía se retirara de las calles el pasado 28 de enero, las fuerzas militares han detenido a al menos 97 periodistas, activistas y manifestantes, según el Frente para la Defensa de los Manifestantes Egipcios (FDP), una coalición nacional de organizaciones de derechos humanos.

Además, HRW ha documentado la detención, a cargo de la policía militar, de una veintena de manifestantes que salían o se dirigían a la plaza Tahrir.