Diluía así la responsabilidad de dar cumplimiento a la orden de impedir la votación entre los tres cuerpos que actuaron esa jornada en los 2.330 colegios electorales dentro de un operativo policial conjunto que contaba con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, bajo la coordinación de un mando único a las órdenes del coronel Diego Pérez de los Cobos.

El hecho de que se enviaran fuerzas policiales estatales para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales demuestra, según la letrada Olga Tubau, que el Estado era consciente de que los efectivos de los Mossos eran insuficientes para evitar el 1-O y por eso se diseñó un dispositivo “conjunto” que en ningún momento puso en cuestión el envío de binomios de la policía autonómica a cada colegio electoral. Que fueran los Mossos, la policía territorial, la que cumpliera esa función y las tareas de mediación con los convocantes era coherente porque cualquier otro cuerpo habría sido recibido con más “resistencia”, aseguró la letrada.

La letrada arremetió contra el coordinador del operativo, por entender que era el mando al frente de todo el dispositivo policial que fracasó a la hora de evitar la celebración del referéndum tal y como había ordenado la jueza. Recordó que el propio Pérez de los Cobos valoró como positiva la designación del comisario Ferrán López para asistir a las reuniones de coordinación, dado que había una "mala relación" entre el coronel y Trapero, destacando que las reuniones a partir de ese momento se desarrollaron en un "clima de absoluta normalidad y cordialidad".

"¿Se puede sostener que Ferrán López -que según el coronel le habría engañado y hecho creer que los Mossos iban a cumplir- alguien que ha traicionado los mandatos esenciales de la Constitución, que ese traidor sea nombrado luego por las más altas instancias del Ministerio del Interior?", que le designó sucesor de Trapero tras su destitución en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Esto no es sostenible", defendió la letrada.

Tubau afeó la decisión del mando coordinado por Pérez de los Cobos de no acudir al centro del control de los Mossos como se le ofreció, y que habría facilitado la centralización de información la toma de decisiones conjuntas.

SUCESOS DEL 20-S

La letrada hizo un minucioso análisis de las pruebas examinadas en el juicio y en relación a los sucesos del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de la Economía dijo que en ningún momento se ha podido demostrar que los Mossos obstaculizaran en algún momento las detenciones o los registros.

Recordó, asimismo, la declaración del teniente coronel Baena de la Guardia Civil, quien en su declaración explicó su reunión con el juez de instrucción número 13 de Barcelona, que ordenó esas actuaciones, y que le pidió llevar a su presencia a cualquier mosso que entorpeciera las diligencias. Este mando aseguró que no llevó ante el juez a ningún agente autonómico porque “no impidieron nada”, dijo.

Destacó también que los propios testigos de la Guardia Civil admitieron que la jornada del 20-S se vivió con “mucha tensión y enorme angustia” en todos los cuerpos, incluidos los Mossos y descartó cualquier tipo de “connivencia” entre Trapero y el líder de la ANC Jordi Sànchez, con el que no habló hasta pasado el mediodía de esa jornada, varias horas después de que comenzaran las detenciones y registros.

La abogada destacó que se vigilaron con un helicóptero los vehículos de la Guardia Civil que contenían armas, que se dio orden para que los agentes hicieran un pasillo y pudiera salir la comitiva judicial y concluyó que al ver que era imposible cumplir esta orden se buscó una alternativa que permitió a la comitiva abandonar el edificio por la azotea: "Trapero no dio ninguna excusa", aseguró Tubau.

Cuando Tubau termine de exponer sus conclusiones, comenzará el turno Cristobal Martell, defensor del exdirector general del cuerpo policial, Pere Soler, y de Fermín Morales, que representa al exsecretario de la Conselleria d’Interior Cesar Puig.