En la penúltima sesión del juicio contra la cúpula del cuerpo autonómico, la letrada presentó sus conclusiones definitivas y pidió la libre absolución de sus representados. Dedicó la primera parte de su intervención a rebatir las grandes líneas argumentales de la Fiscalía. Frente a la acusación de colaborar en la celebración del 1-O y de incumplir las instrucciones judiciales, la abogada dijo que ni los Mossos ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, que eran “los llamados a impedir el referéndum, ni juntos ni por separado, pudieron cumplir el mandato" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Fue un fracaso policial frente al TSJC o quizá un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales", aseguró.

El ministerio público pide para Trapero 11 años de cárcel por sedición y para Laplana cuatro años por ese mismo delito, pero ayer ofreció al tribunal la alternativa de condenarlos sólo por desobediencia, un delito que está castigado con inhabilitación y multa, pero no con prisión.

Según la lectura de la defensa, en este juicio se ha tratado de demostrar que los mandos de lso Mossos “traicionaron" a las otras dos fuerzas de orden público y “justificar así el fracaso” de la Guardia Civil y la Policía Nacional que no fueron capaces de impedir que salieran “dos millones de personas a votar".

Dado que en la jornada del lunes, el fiscal hizo nutridas referencias a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas del `procés´, la abogada insistió en que cada juicio debe valorar sus propias pruebas e instó al tribunal a basarse sólo en las evidencias expuestas en la vista para dictar sentencia. Insistió en que no se trata de “hacer un corta y pega” de los pasajes de la sentencia del TS que se refieren a la actuación de los Mossos: “Ustedes, y solo ustedes, son los que deben dictar sentencia”.

Tubau insistió en lo “arbitrario” de las conclusiones alcanzadas en esta causa por los investigadores de la Policía y la Guardia Civil que en no pocas ocasiones, dijo, evidencia que “la policía judicial quiere hacer de juez y trufa sus atestados”.

En este juicio también se sientan en el banquillo el ex director general de los Mossos Pere Soler y el exsecretario de la Consejeria de Interior Cesar Puig por un presunto delito de sedición y, alternativamente, uno de desobediencia.

Entiende la letrada que el ministerio público ha ofrecido la pena alternativa de desobediencia ante la posibilidad de que el tribunal no encuentre material probatorio suficiente para una condena por sedición y ante la eventualidad de una sentencia absolutoria “la Fiscalía ha tenido que abrir la puerta al delito de desobediencia”.