En un artículo conjunto publicado en ‘El Confidencial’, Ferrer y Górriz ven además "imprescindible" aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores “que se base en el consenso de los interlocutores sociales y que sirva para garantizar un marco de relaciones laborales democrático y participativo”.

A su juicio, han pasado suficientes años ya desde que el Gobierno del PP aprobase “con alevosía y nocturnidad” su reforma laboral de 2012, cuyos efectos son los de una sociedad “con cuotas enormes de precariedad, desigualdad, pobreza y hambre”.

“Los objetivos de la reforma eran la devaluación salarial, facilitar y abaratar el despido y el debilitamiento, cuando no la ruptura de la negociación colectiva, el incremento del poder empresarial y el debilitamiento de los sindicatos”, añaden.

“Estas políticas regresivas e injustas se han desarrollado con la reforma laboral de 2012, impuesta arbitrariamente por el Gobierno del PP, junto con los recortes en los salarios de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, etc)”.

Ferrer y Górriz sostienen que, hasta hoy, las reformas laborales habidas, con el beneplácito de los gobiernos elegidos, “han favorecido los intereses de las grandes empresas y de las multinacionales”.

Les “indigna” que “se hagan falsas declaraciones defendiendo los aspectos positivos de una reforma “que ha condenado a sectores de trabajadores y trabajadoras, a la precariedad, cuando no a la indigencia”.

“¡Qué falta de humanidad! ¡Qué memoria más flaca!", denuncian. "Es importante la evolución de la economía, pero también evitando el establecimiento de leyes y regulaciones que su único objetivo es mantener a la mayoría de la sociedad, a las trabajadoras y trabajadores, lejos del poder. Se equivocan si ante la situación tan grave de la pandemia y de la crisis en la que está este país, se proponen regulaciones que solo favorecen un incremento de los beneficios que produce el trabajo de las personas trabajadoras a costa de sus vidas, derechos y libertades”, sostienen en el artículo conjunto.